La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llega a su examen ante el Parlamento Europeo con tres querellas pendientes en el Tribunal Supremo por su supuesta inacción frente a la Dana que ha arrasado la provincia de Valencia.
La también vicepresidenta tercerea comparece este martes ante la Eurocámara para lograr el visto bueno como comisaria de Competencia. Mientras tanto, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal tiene pendiente resolver sobre la admisión de trámite de tres querellas que la señalan directamente.
Este lunes, Iustitia Europa ha ampliado su querella inicial para incluir a Ribera junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El abogado y líder de Iustitia Europa, Luis María Pardo, les atribuye delitos de omisión del deber de socorro, prevaricación, homicidio imprudente y lesiones. En el caso de Ribera, la incluye en la querella por «su responsabilidad directa como máxima autoridad» sobre la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Iustitia Europa se ha querellado también contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en su caso ante el Tribunal Superior de Justicia, ante el que está aforado. El aforamiento de los miembros del Gobierno central es ante el Supremo.
La querella se suma a las presentadas la semana pasada por Vox y por Manos Limpias. El partido encabezado por Santiago Abascal señala también al presidente, a Ribera y a Marlaska, además de a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Su lista de querellados se extiende a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé García; la directora general de Protección Civil y de Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones Sanz; la subsecretaria de Interior, Susana Crisóstomo Sanz; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo; y la presidenta de AEMET, María José Rallo del Olmo.
Según anunció Abascal, se les imputan los delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro.
También Manos Limpias ha pedido a la Sala Segunda del Supremo que abra una investigación contra miembros del Ejecutivo. en su caso, además del presidente y los tres ministros mencionados, se añade al de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Al margen de la vía penal, también se ha activado la contencioso-administrativa. La asociación Liberum se dirigió la semana pasada al TSJ de la Comunidad Valenciana para pedir que ordenara la activación de una lista de medidas para mitigar los daños de la Dana y prevenir nuevos proble,as. El tribunal autonómico acordó remitirlo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.