El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma esta semana su agenda internacional con una gira diplomática en Mauritania, Senegal y Gambia para tratar de reducir los flujos migratorios irregulares provenientes de África que han desatado una crisis migratoria en las costas canarias. El jefe del Ejecutivo se reunirá entre el martes y el jueves con los presidentes de los tres países africanos, que constituyen el principal punto de salida de la ruta que se dirige a Canarias. Lo hace, además, cuatro días después de su encuentro en La Palma con el presidente canario, Fernando Clavijo, tras el cual el Gobierno aprobó destinar 50 millones de euros para la comunidad.
Sánchez busca con este viaje poner freno a la llegada de inmigrantes irregulares cuando la región insular hace frente a la mayor oleada migratoria jamás registrada en su litoral, con más de 22.300 inmigrantes irregulares embarcados en cayucos en lo que va de año -un 126% más que los registrados en el mismo periodo de 2023-. La gira del presidente pone el foco en la cuestión migratoria, que se intenta atajar desde España y Europa mediante el apoyo diplomático y financiero para frenar los flujos mediante el desarrollo local y reforzar de la cooperación en materia de seguridad.
El viaje del presidente es el primero a nivel internacional que realiza después de sus vacaciones estivales, y lo hace entre críticas de la oposición, que reprocha la «inacción» del Gobierno ante «la crisis migratoria brutal». El Partido Popular denunció que Sánchez emprendiese la gira africana -cerrada desde principios de verano- sin antes reunirse con el presidente canario, y una vez se confirmó el encuentro entre Sánchez y Clavijo, criticó que se hiciese a «regañadientes» y exigió, como lleva haciendo desde hace meses, un encuentro con el resto de presidentes autonómicos para encarar el desafío migratorio.
Desde el otro partido de la coalición de Gobierno, Sumar, también resuenan voces escépticas con la gira africana del socialista. La eurodiputada del partido plurinacional, Estrella Galán, ha pedido que las reuniones no se basen «una vez más» en la firma de pactos o acuerdos «exclusivamente» para frenar las migraciones y ha reivindicado que no se entreguen ayudas que finalmente terminen en «un fondo perdido», como se ha acordado en encuentros previos.
Mauritania, principal punto de salida
Pedro Sánchez volverá a Mauritania siete meses después de su última reunión con el presidente mauritano, Mohamed Ould Ghazouan, agendada en febrero en la capital Nuakchot. En este último encuentro, al que también asistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, España y la UE convirtieron a este país en su socio principal en el Sahel. El presidente anunció más de 300 millones de euros para Mauritania con el mismo objetivo que el actual: frenar el repunte de migración irregular. Sánchez expuso en aquel viaje el «deseo de garantizar flujos migratorios ordenados y seguros».
España y Europa ponen el foco en Mauritania, uno de los estados más estables del Sahel, ante la realidad documentada a principios de año de que más del 80% de las llegadas a Canarias proceden de las costas de ese país. Mauritania no solo ejerce de tránsito, sino también de destino de refugiados procedentes del este que huyen de un aumento de ataques terroristas, golpes de estado, así como del empeoramiento de la seguridad alimentaria. «La inseguridad y la falta de oportunidades económicas en la región están empujando a muchas personas a emigrar», dijo Von der Leyen en febrero.
Con el objetivo de poner una solución en la raíz del problema, el acuerdo diplomático de España con Mauritania se basó en tres ejes: impulsar las inversiones de empresas españolas en Mauritania, promover proyectos de desarrollo local y ofrecer cooperación financiera. «Vamos a fortalecer nuestros proyectos de colaboración ya existentes a través del control fronterizo y vamos a ir ponderando distintas fórmulas para facilitar la migración regular», sentenció Sánchez.
Gambia y Senegal
Más recientemente, en junio de este año, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, llevó a cabo una serie de reuniones en Gambia y Senegal, donde anunció la destinación de 180 millones de euros a cooperación al desarrollo durante los próximos cuatro años, tomando como prioridades el empleo y las oportunidades para la juventud en territorio español.
Por la parte de Senegal, el jefe de la diplomacia española puso el foco en el impulso de la migración circular, es decir, las contrataciones en origen y el posterior retorno a Senegal. En estas reuniones, se produjo el primer contacto del Gobierno con el nuevo Ejecutivo senegalés tras la elección de Bassirou Diomaye Faye en marzo.
Con el mismo propósito de potenciar la migración circular se reunió el responsable de Exteriores con el presidente de Gambia, Adama Barrow, en la capital Banjul. Allí, fijaron como objetivo impulsar el empleo de gambianos y extendieron el acuerdo a la lucha conjunta contra la inmigración ilegal y las mafias de tráfico de personas.
«Reactivación de la ruta canaria»
Aunque Marruecos y el Sáhara Occidental han constituido tradicionalmente un importante origen de rutas marítimas de inmigración irregular, el foco está ahora en el Sahel. La multiplicación de las salidas de esta franja de las costas africanas ha sido lo que ha convertido a Canarias en el principal punto de recepción de migrantes de España.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), desde 2023 la ruta canaria se ha «reactivado», entre otros factores, por la inestabilidad política y social extendida en todo el cinturón africano, donde se han producido numerosos golpes de estado llevados a cabo por militares. En total, se han producido diez golpes de estado en siete países en los últimos tres años.
Tensión política por la solución a la crisis
La oleada migratoria en España y el consecuente colapso de los centros de acogida, que afecta especialmente a menores de edad, ha abierto en España el debate sobre la gestión interna de esta situación. El Gobierno llevó al Congreso de los Diputados la admisión a trámite de una reforma de la ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades cuando se supere en alguna de ellas el 150% de su capacidad de acogida, aunque finalmente no salió adelante al contar con el voto en contra del PP, Vox y Junts.
El PP, que cogobierna con Coalición Canaria en la región insular y que sí votó a favor del traslado de casi 400 menores migrantes a la Península, era el único partido abierto a la luz verde de esta reforma -Vox se negó desde el primer momento y Junts pidió, sin éxito, que se excluyese a Cataluña del reparto-. Los populares se opusieron porque, según objetaron, la modificación «se basaba en la imposición y no en el diálogo». Desde Génova señalan que Moncloa mira «para otro lado» y «niega las consecuencias lógicas de intentar conseguir la integración de personas inmigrantes que vienen a España», en palabras del portavoz Borja Sémper.
La formación de Alberto Núñez Feijóo ha pedido declarar la emergencia migratoria nacional por la situación en Canarias, Ceuta y Melilla y pide centrar la atención en el control de las fronteras. De hecho, la eurodiputada del PP, Carmen Crespo, ha apostado por un Frontex -cuerpo europeo de fronteras y guardacostas- «más fuerte» como «método humanitario que permita controlar la inmigración irregular» y propiciar «una inmigración más regulada», desde la premisa de que «la capacidad de integración de cualquier sitio no es infinita».
Ahora el presidente canario reclama la tramitación de un decreto-ley ante la falta de apoyos en el Congreso, y reclama al Gobierno «un pacto de país» ante una situación que anticipa de «auténtico caos». Clavijo apuntó que las previsiones más optimistas hablan de que serán 3.000 los menores migrantes no acompañados que llegarán a Canarias en los próximos meses, aunque señala que podrían llegar a 7.000.
El Ejecutivo aprobó, tras la reunión Sánchez-Clavijo, un aporte de 50 millones de euros para la región insular para compensar a Canarias por los gastos de atención a los menores migrantes no acompañados. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, apuntó que se trabajará con los ministerios para poner el dinero a disposición -aunque los PGE están prorrogados-, si bien desde Canarias alertan de que esa cantidad es insuficiente.