El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tendrá las llaves de los secretos oficiales. Y Margarita Robles las perderá. Eso siempre que salga adelante el anteproyecto de reforma de la ley que el Consejo de Ministros aprobará hoy. Pedro Sánchez pretende dar así cumplimiento al acuerdo que mantiene con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y, de paso, homologar la estructura legal a la de otros países de la OTAN y la Unión Europea, según explican fuentes del Palacio de La Moncloa.

La actual ley data de 1968 y está firmada por el dictador Francisco Franco, aunque el texto refundido es de 1978. En ella se reservan «como materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado». La clasificación de información está en manos del Consejo de Ministros y de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

El presidente del Gobierno justifica que la competencia pase del Ministerio de Defensa al de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en que éste es «más transversal». La información secreta afecta, según explicó, a diversos sectores además de la defensa, como la economía o la industria.

El refuerzo político de Bolaños es obvio. Sería la «autoridad nacional» responsable de «proteger la información con competencias de garantía en el cumplimiento de la normativa, coordinación y soporte de las unidades de cada ministerio y de relación con las autoridades internacionales». Sánchez niega que sea una penalización a Robles ni un premio a su ministro para todo.

Los dos ministros protagonizaron un fuerte desencuentro después de que se conociera que el CNI había espiado a varios líderes independentistas catalanes y que los móviles del jefe del Ejecutivo y varios ministros habían sido infectados con el programa israelí Pegasus. Robles defendió la conducta del CNI y dejó entrever que la responsabilidad de la seguridad de los teléfonos de Moncloa correspondía al ministro de Presidencia.