Una semana después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado resolviera declarar terroristas a las bandas criminales que operan en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto este miércoles en el que ordena al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas enfrentar el terrorismo “con todos los medios a disposición” y en coordinación con la Policía Nacional.

“Ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional, para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas; aplicando los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano”, puntualiza el decreto presidencial.

El decreto responde a la resolución del Consejo de Seguridad Pública y del Estado que recomendó al presidente disponer el empleo de armas letales para combatir las bandas declaradas terroristas.

¿Qué dispone el decreto si policías o militares son procesados por la justicia en el cumplimiento de sus funciones?

Lasso ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) tomar estrictas previsiones de seguridad para los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que eventualmente sean sometidos a procesos judiciales dentro del cumplimiento de operaciones antiterroristas.

Esta decisión se da por el rechazo público y constante del gobierno debido a que varios policías y militares enfrentan procesos judiciales por acciones relacionadas con la represión de hechos violentos.

El coronel (R) Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia del Ejército, dijo a CNN que es una decisión desacertada del gobierno, porque considera que primero es necesario fortalecer la normativa jurídica para que la fuerza pública pueda actuar sin contratiempos. Además, insistió en que la definición de “terrorismo” está mal fundamentada y argumentada desde el Gobierno.

“El terrorismo implica la existencia de personas con un fin político para la toma del poder y en Ecuador se está catalogando como terroristas a organizaciones delictivas que persiguen fines económicos”, precisó.

Pazmiño sostiene que es importante que se ponga nombre y apellido a las organizaciones criminales consideradas puntualmente como terroristas para que exista claridad en la intervención policial y militar.

“Eso puede generar un sinnúmero de ambigüedades y problemas. Creo que lo importante es definir, fortalecer el estamento jurídico para dar capacidades a las fuerzas para intervenir con acciones antiterrorismo”, puntualizó.

Mientras, la exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas y experta en Derechos Humanos, María Josefa Coronel, dijo a CNN que el decreto está planteando una hipótesis de que si existe abuso de poder o desconocimiento un agente de la fuerza pública puede ir a la cárcel y podría estar en riesgo su vida junto a otros miembros de bandas criminales dentro de las cárceles.

“¿Que va a pasar? Si un agente de la fuerza pública va a la cárcel lo van a matar en la cárcel”, insiste.

Coronel cree que el SNAI no está en capacidad de solventar detenciones de agentes del orden ni garantizar los derechos humanos y la seguridad de las personas.

Soldados y policías ecuatorianos participan en un operativo de seguridad en el barrio Rivera del Río en Esmeraldas, Ecuador, el 21 de abril de 2023. Crédito: ENRIQUE ORTIZ/AFP vía Getty Images

“Pienso que darle una responsabilidad al SNAI que no puede ni con lo que tiene, es una ‘responsabilidad de papel’. Si un agente es detenido debería ir a otro lugar”, precisa Coronel.

“En temas de derechos humanos siempre es complejo hablar de una política radical, ruda, áspera. Hay que equilibrar la dinámica sociedad-Estado. Porque en el momento que ese balance se voltea como lo hace el terrorismo hay que nivelarlo con fuerza”, señala la jurista.

El decreto presidencial destaca que las acciones policiales y militares deben sujetarse a las normas internacionales, al respeto a los derechos humanos y al uso progresivo de la fuerza.

Además, el presidente exhortó a todas las instituciones del Estado para que cooperen en la lucha contra el terrorismo bajo el respeto a la independencia de poderes.

Lasso frecuentemente condena la liberación por parte de ciertos jueces de líderes de bandas criminales o el dictado de medidas sustitutivas a la prisión preventiva pese que varios de ellos tienen procesos judiciales en curso por delitos graves.

Entrenamiento y capacitación de la fuerza pública

El ministro del Interior, Juan Zapata, anunció esta semana una reorganización, reentrenamiento y fortalecimiento de todas las unidades de la Policía Nacional para combatir las bandas criminales.

“Nosotros, en uso de las atribuciones legales, en uso del arma de dotación y de toda la fuerza coercitiva del Estado, seguiremos firmes. El país debe recuperar la seguridad y tranquilidad que siempre tuvo”, puntualizó Zapata.

El ministro insistió en que es fundamental la información que suministren los equipos de inteligencia para determinar cómo y dónde actuar.

“El miedo debe estar de lado de los terroristas, no del lado de la comunidad, ni de los buenos”, expresó Zapata.

¿Cómo actuarán las Fuerzas Armadas contra el terrorismo?

El decreto presidencial permite a las Fuerzas Armadas cumplir con el inicio de operaciones militares para enfrentar y contrarrestar la amenaza contra la soberanía e integridad territorial, según informó a la prensa el ministro de Defensa, Luis Lara.

Los militares reforzarán las operaciones de control de armas, vigilancia y patrullaje enfocadas en las zonas más conflictivas de Ecuador.

“Las Fuerzas Armadas están listas para enfrentar a los enemigos de la paz, a estos asesinos, a estas mafias que buscan aterrorizar a los ecuatorianos. No solamente para mantener sus turbios negocios sino para socavar los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho con la complicidad de intereses políticos y económicos”, dijo Lara.

Las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía para cumplir el objetivo de “contrarrestar gradualmente la acción del terrorismo”.

“Los ecuatorianos pueden estar seguros de que, en las acciones contra los actos terroristas, no vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de nuestros soldados para recuperar la paz”, finalizó Lara.

Apoyo internacional y mayor dotación de armamento

El comandante de la Policía, Fausto Salinas, informó que la declaración de “terroristas” a las bandas del crimen organizado permite una “acción más fuerte” de la fuerza pública.

Dijo que se incrementarán las operaciones de la Policía, que al menos 1.700 miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden recibirán capacitación en combate cerrado y las unidades tácticas volverán a recibir entrenamiento en tácticas de investigación e inteligencia orientadas al tratamiento del terrorismo.

Soldados y policías ecuatorianos participan en un operativo de seguridad en Esmeraldas, Ecuador, el 21 de abril de 2023. Crédito: ENRIQUE ORTIZ/AFP vía Getty Images

El comandante Salinas informó también que el FBI será uno de los organismos internacionales que apoyarán las tareas de capacitación de la fuerza pública en las próximas semanas.

Estrategia de Ecuador para el combate al terrorismo

El consejero de gobierno en temas de Seguridad Nacional, el general (R) Paco Moncayo, en entrevista con CNN este lunes indicó que la estrategia del gobierno para enfrentar al terrorismo es el “ataque al mal por todos sus costados”.

El general Moncayo insistió en que es necesario controlar el lavado de dinero y enjuiciar a los corruptos que se enriquecen de negocios ilícitos como el narcotráfico.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados, nada de paños tibios. Las cosas tienen que hacerse con la energía, con la inteligencia, con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, pero sin dar tregua a la delincuencia que está causando tanto daño”, enfatizó.

Agregó que se han analizado las experiencias de México y Colombia en la lucha contra la violencia y que no se pueden repetir los mismos errores. Dijo que Ecuador está rodeado de países donde existen cultivos de coca. Por esta razón, destacó el apoyo internacional para enfrentar el narcotráfico y otras organizaciones delictivas que lucran de este negocio ilegal.

“Tenemos la necesidad de políticas comunes de seguridad con los países. Ecuador solo no va a poder resolver los problemas si esto se mantiene en los países vecinos”, precisó.

Asignación de recursos económicos para el combate al terrorismo

El decreto presidencial firmado este miércoles da luz verde al Ministerio de Finanzas para la asignación de recursos económicos a las Fuerzas Armadas y la Policía dentro de la aplicación del decreto.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad en la que con frecuencia se reportan masacres, tiroteos, matanzas en los centros penitenciarios y enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que se disputan el territorio para el control de tráfico de drogas.

En lo que va de 2023 se han producido 2.210 muertes violentas en Ecuador, según el Ministerio del Interior. Una cifra que va en ascenso y que, de seguir el ritmo, podría romper el récord de 2022, que cerró con más de 4.000 homicidios.