El acuerdo entre el PSOE y Junts parecía inminente, pero las horas pasan y la posibilidad de que el pacto se cierre en el cortísimo plazo se enfría, o al menos así lo hacen saber fuentes de la negociación desplazadas a Bruselas. «No podemos dar un horizonte temporal», aseguran, y no confirman que el visto bueno al documento se vaya a dar este martes. Con el acuerdo político cerrado desde hace días, las partes siguen enfrascadas en la letra jurídica, buscando un encaje que no deje huecos para que la ley de amnistía pueda ser declarada inconstitucional. «Tenemos que hacer un buen trabajo, es la primera ley de amnistía de la democracia», sostienen las fuentes.
Hace algunos días fue Sumar quien aseguró que el acuerdo era «cuestión de horas», pero eso se ha convertido en días. No se cerró el lunes mientras las delegaciones negociaban por vía telemática situadas a solo 300 metros de distancia en Bruselas. El punto de fricción ya no está en el alcance de la amnistía, que parece resuelto, aunque independentistas y socialistas no hablan de nombres; «es un texto muy denso», sostuvieron, con la idea de pulir los flecos técnicos.
Para este martes los avances han sido muy pocos, con el debate todavía en el mismo lugar, con papeleo de por medio y mucha discreción. En Bruselas sigue, con todo, el núcleo duro de Puigdemont, formado por Jordi Turull, Laura Borrás y Miriam Nogueras. En el otro lado, el capitán es Santos Cerdán, número 3 del PSOE. Los tiempos apremian y de momento tanto posconvergentes como socialistas ya no aseguran que la investidura se pueda producir esta misma semana, como pretendían en Ferraz.
El pasado mes de septiembre fue el propio Puigdemont el que puso sobre la mesa las condiciones para empezar a negociar la investidura. Estas fueron, entre otras, una amnistía desde el 9-N y un abandono «completo» de la vía judicial, en lo que el ‘padre’ del procés independentista calificó como un acuerdo que tendría que ser «histórico». En esa amplitud de la amnistía está ahora el problema para que el presidente del Gobierno en funciones tenga el sí definitivo, solo días después de que él apoyase claramente la amnistía, dijo, «haciendo de la necesidad virtud». Entonces, además, el expresidente de la Generalitat habló de no renunciar a la unilateralidad.
Mientras el pacto no llega, la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez ha activado ya la vía europea: PP y Ciudadanos consideran que es el momento de que la Comisión Europea actúe contra la medida que beneficiará a los independentistas, especialmente a la figura de Carles Puigdemont. «La UE no puede mirar hacia otro lado cuando se atropellan principios que dice defender. El Gobierno en funciones está borrando de un plumazo a la Justicia amnistiando a condenados, procesados y fugados», sostuvo por ejemplo la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en una pregunta remitida al Ejecutivo comunitario.
Ciudadanos mantiene también esa misma línea. «La impunidad que Sánchez pretende conceder a responsables de graves delitos a cambio de que le mantengan en el poder es radicalmente contraria a los principios de la UE», sostuvo el líder de la formación en la Eurocámara, Adrián Vázquez, remitiéndose además a una misiva enviada a la Comisión por parte de Maite Pagaza. «La negociación por interés personal de un presidente en funciones con un prófugo de la justicia para lograr la impunidad de sus delitos y de sus compañeros, que está generando enorme tensión social, es un salto cualitativo contra el estado de derecho democrático que no puede sostenerse en la Unión Europea«, escribió.
La situación además se ha tensado después de que el juez García Castellón implicara a Puigdemont en la causa de Tsunami Democratic, acusándole de terrorismo. En ese escenario, el magistrado le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante el tribunal y si rechaza el ofrecimiento, cursará un suplicatorio ante el Parlamento Europeo para que le permitan investigar formalmente al líder independentista y llamarle a declarar como imputado en la causa por presuntos delitos de terrorismo.