Moncloa enfría la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PP para reformar el sistema de financiación autonómica pese a la disposición de los populares de sentarse a negociar. Al menos por ahora. El Gobierno fue el que reabrió este debate al plantear una financiación singular para Cataluña como parte de la negociación con ERC para la investidura de Salvador Illa, pero ahora fuentes gubernamentales sostienen que las «posiciones de máximos» de barones del PP como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda complican el acuerdo. Por su parte, los populares muestran su voluntad para negociar con el Gobierno, aunque remarcan que la voz cantante la deben llevar sus comunidades y no Génova.

Tras una petición formal por parte de las autonomías del PP, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero convocará en julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un órgano que no se reúne desde el pasado mes de diciembre. Para el Ejecutivo es «imperativo» negociar la reforma del modelo de financiación de la mano de los populares, aunque remarcan que la negociación de la financiación singular para Cataluña la tratarán en exclusiva con ERC y Junts.

El Gobierno reclama una postura única por parte del PP respecto al sistema de financiación, lo que, a su juicio, el PP solo podría lograr si arbitra a sus comunidades para rebajar las «posiciones de máximos» que tienen Madrid, Andalucía y Galicia, lo que cree que pasa por alejarse el foco mediático. Con ello, enfría la posibilidad de alcanzar un acuerdo en dos meses, que sería cuando se convocaría el CPFF.

Desde el Ejecutivo creen que los barones del PP no quieren realmente reformar el sistema de financiación autonómica porque les compensa el «mejor rendimiento» que está teniendo el ciclo económico en este momento.

Fórmulas «imaginativas»

Esta presunta falta de voluntad, junto con las posiciones dispares y de «máximos» de los barones populares, son los argumentos que expone el Gobierno para echar el freno a un acuerdo con el PP, aunque sí mantiene las negociaciones con ERC para la financiación singular de Cataluña. Respecto a estas últimas, que está liderando el PSC y serán determinantes de cara a una posible investidura de Illa, los socialistas aseguran que no afectarán «negativamente» a ningún territorio, pero insisten también en la discreción para posibilitar el acuerdo, ya que reconocen que esto ha agitado internamente a los partidos, entre ellos, a sus socios de Sumar.

En Moncloa no dan señales de ningún avance, aunque deslizan que hay ciertas fórmulas «imaginativas» que se están poniendo sobre la mesa, sin desvelar ningún detalle sobre las mismas.

De momento, Salvador Illa ha planteado el desarrollo del Consorcio Tributario de Cataluña, lo que permitiría la administración de los tributos de forma compartida entre el Gobierno y la Generalitat. En Moncloa también exhiben la posibilidad de unos Presupuestos expansivos que impliquen más transferencias para Cataluña, lo que supondría más financiación para la Generalitat sin necesidad de tocar la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), para lo que requerirían del aval en el Congreso. Lo que sí está descartado por parte de Moncloa es un ‘cupo catalán’ como el que hay en el País Vasco y Navarra, algo que reclaman tanto Junts como ERC.

«Elemento de confrontación»

En Génova son conscientes de que la estrategia del Gobierno es tratar de dividir a sus comunidades y de usar la financiación «como un elemento de confrontación». No obstante, recuerdan que también las que están gobernadas por el PSOE defienden una financiación justa para sus territorios. «El remate es renegar de la esencia de la izquierda, dejar la igualdad de derechos para que cada territorio haga de su capa un sayo», dijo esta semana el castellano-manchego Emiliano García-Page. También el portavoz socialista en el Senado y líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, defendió que la financiación autonómica «no puede ser» una decisión que se imponga por parte del Gobierno.

«Se están oyendo posiciones muy parecidas en comunidades autónomas de distinto color político. Pero ahora y antes. Y cada una con su situación pero entendiendo que se tiene que llegar a un acuerdo y que ninguna va a sacar el 100%, pero que puede que todas consigan el 80% o el 90% de lo que plantean, porque es posible», apuntó el vicesecretario de Economía, Juan Bravo.

Con todo, el PP de Alberto Núñez Feijóo asegura que sus barones tienen la misma postura: la de pactar el sistema entre todas y a la vez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es decir, de forma multilateral incluyendo a Cataluña y no de forma unilateral «en una mesa camilla entre dos y en Ginebra». El PP lleva desde el año pasado requiriendo al Gobierno que convoque a las comunidades desde que Hacienda anunció que condenaría 15.000 millones de deuda a Cataluña.

Tras meses sin lograr dicha citación, los populares han redoblado su ofensiva con motivo de la nueva cesión que prepara el ministerio de Montero en plena negociación de la investidura de Salvador Illa. Tal es la exigencia, que Bravo, amenazó a principios de semana con acudir al Tribunal Constitucional si el Gobierno no cumple con su obligación con los territorios.

Pese a las constantes críticas y reproches entre Bravo y Montero, el PP asegura estar dispuesto a negociar la financiación autonómica: «Si realmente el Gobierno tiene una voluntad, será difícil no llegar a un acuerdo. Pero tiene que haber una voluntad, hasta ahora no la hemos visto». Eso sí, siempre que «se respete a las comunidades autónomas». De hecho, fuentes populares recuerdan cómo todos los anteriores gobiernos han consensuado este asunto tanto con los presidentes autonómicos como con la oposición.

«Si realmente el Gobierno tiene una voluntad, será difícil no llegar a un acuerdo. Pero tiene que haber una voluntad, hasta ahora no la hemos visto», alegó este jueves el vicesecretario popular quien defiende a su vez que la capacidad la tiene en exclusiva las comunidades. «No hay que verlo como una decisión de Génova o de las comunidades autónomas, sino una decisión de los datos, del planteamiento que pongamos encima de la mesa. Entiendo que lo que piense Génova 13 y lo que piensen las comunidades autónomas va a ser lo mismo».