El juez que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha entregado a las partes este lunes la grabación de la testifical de  Pedro Sánchez, del pasado 30 de julio, en la que se acogió a su derecho a no declarar en la causa contra su esposa, recogido en el artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. En el audio, al que ha tenido acceso 20minutos, se escucha al jefe del Ejecutivo negarse a responder a las preguntas del juez Peinado. «Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley», dice Sánchez al finalizar una comparecencia que duró apenas dos minutos.

En este breve periodo de tiempo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, informó a Pedro Sánchez de que la diligencia estaba enmarcada en un procedimiento con tres personas investigadas: Begoña Gómez, Juan Carlos Barrabés y Joaquín Goyache. El juez preguntó al presidente si tenía alguna relación con cada una de estas personas investigadas, como es habitual en una causa penal cuando un instructor interroga a un testigo. Sánchez negó cualquier parentesco o amistad con el empresario Juan Carlos Barrabés y con el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache. Y cuando el juez le preguntó por Begoña Gómez, el presidente contestó: «Es mi esposa».

Entonces Peinado informó a Pedro Sánchez de que como una de las investigadas es su esposa, en virtud del artículo 416 del Código Penal, el presidente estaba dispensado de declarar tanto en lo que respecta a Gómez como en lo relativo a Goyache o Barrabés, ante la posibilidad de que cualquier declaración perjudicara a su mujer. Así, aquel 30 de julio la testifical se produjo como estaba previsto: Sánchez no declaró, pero el juez pudo recopilar el audio y vídeo de la breve comparecencia. Semanas después, el instructor aseguró que podía sacar «conclusiones» del «silencio» de Pedro Sánchez.

Esta declaración, aun siendo breve y nada reveladora, ha supuesto un giro de guion importante en la causa, porque en ella residen los fundamentos de la querella que presentó Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado.

Sánchez cree que Peinado prevaricó al citarlo

Desde el momento en que se notificó su citación, Pedro Sánchez ha mantenido siempre que esta diligencia debía hacerse por escrito. Un argumento que se apoya en el artículo 412 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), según el cual el presidente del Gobierno (entre otras autoridades) puede declarar por escrito cuando son testigos de cualquier asunto que conozcan por razón de su cargo.

Sánchez mantiene que la testifical en la causa que investiga a su esposa es «inescindible» de su condición de presidente del Gobierno. Más aún cuando una providencia de Peinado señala que investiga a Begoña Gómez por los hechos ocurridos «desde que su marido es presidente del Gobierno».

Pero el instructor citó a Pedro Sánchez como «esposo de la investigada», no como presidente del Gobierno. Y acudió al tercer punto del artículo 412 de la LeCrim, que da pie a hacer la testifical en el «domicilio o despacho fiscal» de la autoridad, cuando esta sea testigo de un asunto que no guarda relación con su cargo.

Basándose en la premisa de que la declaración de Sánchez no guardaba relación con su condición de presidente, el juez ordenó instalar equipos de grabación en el Palacio de La Moncloa y acudió allí el 30 de julio a interrogar a Pedro Sánchez. El mismo día, la Abogacía del Estado presentó una querella en nombre del presidente del Gobierno contra Peinado por un posible delito de prevaricación.

La querella, registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que es el órgano judicial ante el que el magistrado está aforado, se dirige contra Peinado por haber dictado, «a sabiendas», una serie de resoluciones en el marco de la causa contra Gómez que la Abogacía del Estado considera «injustas». De ahí que, según expone, «resulta obligado defender la institución que representa» Sánchez, que es la Presidencia del Gobierno. El texto denuncia además que Peinado, «de manera consciente y deliberada», omitió «las garantías procesales propias de la declaración testifical del presidente del Gobierno».

El Gobierno reacciona: «Blanco y en botella»

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha mencionado este lunes el caso Begoña, precisamente para valorar la entrega del vídeo de la declaración de Sánchez a las partes personadas en la causa. «El presidente del Gobierno tenía derecho a declarar por escrito porque así lo dice la ley», ha defendido el ministro en la línea de lo expuesto en la querella que presentó la Abogacía del Estado. Pero, tal y como ha relatado Bolaños, «el juez decidió que fuera una declaración presencial y grabada» que «hoy se la entrega a las partes». «Blanco y en botella», ha concluido el ministro, utilizando una expresión que luego ha replicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su cuenta de X.