El doble caso de espionaje a independentistas y a los móviles del presidente, la ministra de Defensa y el titular de Interior permanece latente y plagado de incógnitas. El Gobierno desea pasar página cuanto antes e intenta trasladar el foco público hacia otros debates. Se pretende diluir así un «escándalo lleno de agujeros negros», en palabras de las fuerzas espiadas, y un auténtico «campo de minas» para las instituciones, según la oposición.

Ni unos ni otros están dispuestos a olvidar un asunto que ha puesto en el disparadero a los servicios de inteligencia; ha deteriorado la imagen pública y el crédito político de la ministra de Defensa; ha abierto una brecha en el Consejo de Ministros; ha carcomido el bloque de investidura y ha arrojado serias dudas sobre la eficacia y la solvencia del equipo más próximo a Pedro Sánchez y de su mano derecha, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Las preguntas sin respuesta se amontonan y son pocos los que confían en que el presidente las aclare en su comparecencia en el Congreso a finales de mes, previsiblemente tras haberse reunido, en un intento de calmar ánimos, con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Es un objetivo difícil porque el caso del espionaje ha puesto en manos del independentismo un arma de presión sobre el Gobierno, una auténtica espada de Damocles sobre la legislatura. Esta semana tanto aliados como fuerzas de la oposición volverán a cercar al Ejecutivo en el Congreso.

LA LISTA DE CITIZENLAB
Incluye 65 nombres, algunos claramente implicados en el desafío al Estado de 2017 que se saldó con la aplicación del 155 y una condena a sus principales responsables por sedición y malversación, seguida del indulto otorgado por Sánchez; y otros, defensores de la causa independentista pero poco sospechosos de promover actos delictivos o ser una amenaza para la integridad de la nación.

De todo el listado, sólo se ha justificado el espionaje a 18 personas presentando en la comisión de Secretos Oficiales la autorización judicial motivada y el expediente elaborado sobre cada uno de ellos. ¿Podrán esas personas conocer las razones concretas por las que han sido investigadas? ¿La orden partió de La Moncloa? ¿Qué información se extrajo de sus dispositivos y quiénes tuvieron acceso a la misma? ¿Se desclasificarán sus expedientes como reclaman?

A ello se suman las preguntas sin respuesta respecto a los 47 nombres restantes de la lista que insisten en saber quién ordenó espiarlos, si lo hizo el CNI sin autorización judicial o fueron elementos no controlados de los servicios de inteligencia. Estas personas mantienen que, a falta de justificación, sus derechos fundamentales han sido violados e incluso vaticinan que saldrán a la luz nuevos casos de espiados que afectarán a más políticos y a más partidos.

EL ‘CASO ARAGONÈS’
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es la personalidad más llamativa espiada por el CNI. Su teléfono fue intervenido cuando era vicepresidente del Govern coincidiendo con las revueltas de Tsunami Democràtic en respuesta a las condenas del procès, pero también cuando ya negociaba con los socialistas la vía para que ERC facilitara con su abstención la investidura de Pedro Sánchez y pasara a ser socio preferente del Gobierno de coalición.

Aragonès exige saber cuáles fueron los motivos para investigarlo y reclama al presidente una explicación de por qué le dio trato de aliado si se le consideraba una amenaza para el Estado. Insiste en conocer todo el informe sobre su persona y que, tal y como comprobaron los diputados de la comisión de Secretos Oficiales, tenía muchos pasajes tachados correspondientes en su mayoría a conversaciones telefónicas.

¿Se le intervinieron contactos con el propio presidente del Gobierno? ¿Y con los condenados por sedición o sus abogados? ¿Se espiaron sus conversaciones con políticos extranjeros u organizaciones simpatizantes con la causa independentista? Son preguntas sin respuesta.

El president espera aclarar estos puntos en su reunión con Sánchez e insiste en que se le den garantías de que no volverá a repetirse un caso así. Una seguridad difícil de obtener si el independentismo enarbola la bandera del «lo volveremos a hacer».

LOS MÓVILES DEL GOBIERNO
El Ejecutivo anunció que los teléfonos del presidente y de los ministros de Defensa e Interior fueron atacados con Pegasus justo en un momento de máxima tensión con Marruecos. También informó de un intento de espionaje al móvil del ministro de Agricultura y ex embajador en Rabat, Luis Planas, y puso el asunto en manos de la Audiencia Nacional, que ha declarado secreto el sumario.

Las incógnitas son muchas: ¿Quién espió al presidente y a los ministros? ¿Fueron los servicios secretos marroquíes, la inteligencia israelí, el espionaje ruso? ¿Qué información se sustrajo? ¿Es susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional o puede ser arma de chantaje? ¿Por qué se hizo público el espionaje coincidiendo con el escándalo catalán si no se disponía de datos para explicarlo? ¿Se incurrió en revelación de secreto? ¿Se valoró el daño que se infligía al CNI? ¿Cuándo se decidió que la jefa de los espías, Paz Esteban, debía ser destituida?

Todos los partidos albergan sospechas e incluso hay quien cree que el caso fue prefabricado. Todos dudan de que la Audiencia Nacional pueda dar respuesta a las preguntas y lamentan que el Gobierno haya puesto en cuestión la solvencia del CNI. La oposición pide ya medidas para blindar el servicio de inteligencia frente a los intereses políticos y reformar la ley de Seguridad Nacional para tasar las causas de remoción de la jefatura del CNI.

EL PAPEL DE LA MONCLOA
El CNI actúa amparado por la ley, informando al Gobierno y de acuerdo con los objetivos que éste le marca. El trabajo del Centro se acomoda a la Directiva de Inteligencia que es secreta y la aprueba el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. Además, es Presidencia la responsable de velar por el cumplimiento de los protocolos que garantizan las comunicaciones del Gobierno.

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Aliados y oposición quieren saber cuántas directivas de inteligencia se han aprobado desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Fuentes del CNI aseguran que sólo una, en 2019. Pretenden que se precise cuántas veces se ha reunido la comisión para Asuntos de Inteligencia a fin de hacer seguimiento de los objetivos encomendados al CNI. Las mismas fuentes precisan que ninguna. Y, además, intentan que se desvele el grado de conocimiento que tenía Sánchez de las actividades del Centro, puesto que el presidente recibe a diario informes de inteligencia.

Igualmente quieren saber si Presidencia cumplió con los protocolos y las alertas emitidas por el Centro Criptológico para proteger las comunicaciones de Sánchez y cuántas veces desde que llegó al poder se ha enviado su teléfono al Centro para ser chequeado en profundidad. Crece la sospecha de que el propio Gobierno incurrió en negligencia poniendo en riesgo la seguridad del Estado y, por eso, piden dirimir las responsabilidades de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y rechazan que se dé carpetazo con la destitución de la directora del CNI.