Los gobiernos autonómicos del Partido Popular se suman a partir de este lunes a la batalla contra la amnistía en el Tribunal Constitucional -iniciada la semana pasada desde Génova-. Andalucía, Aragón, Madrid, Murcia, Galicia y el Parlamento de Cantabria han presentado ya sus recursos contra la ley, mientras que el Gobierno valenciano de Carlos Mazón retrasa la decisión a este lunes por la tarde. La Rioja, por su parte, presentará el recurso este martes.
Los argumentos son similares a los que planteó el Tribunal Supremo en su cuestión de inconstitucionalidad y a los que integran el recurso que presentó el jueves el Partido Popular. Sobre todo en cuanto a la vulneración de los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica. La Comunidad de Madrid ha pedido la recusación del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la de los magistrados progresistas Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su «notoria vinculación ideológica con el PSOE».
La oleada de recursos no afectará de momento a los planes del Tribunal Constitucional, que no tiene pensado tomar una decisión sobre la ley de amnistía hasta dentro de seis meses como mínimo. Además, el órgano de garantías dará prioridad a la cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo y la respuesta marcará el camino de los recursos presentados por el PP. Este mismo lunes se ha unido a la iniciativa de las comunidades del PP el socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Diez recursos en total
Según ha informado el Tribunal Constitucional, a día de hoy hay un total de diez recursos pendientes de resolver. El primero, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, recaerá sobre el recién nombrado José María Macías. Este recurso, como los presentados por la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, incluyen la recusación de los magistrados Cándido-Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Precisamente Campo y Díez serán ponentes de los recursos de Cantabria y Aragón, respectivamente.
Además de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Gobierno de Aragón ha presentado un segundo recurso del que será ponente César Tolosa. La magistrada María Luisa Segoviano de encargará del presentado por la comunidad de Madrid, y su compañero Enrique Arnaldo llevará la Ponencia del recurso de Galicia. Sobre Ramón Sáez ha recaído el del Gobierno de la Región de Murcia, mientras que María Luisa Balaguer será ponente del de la Comunidad Autónoma. El de la Junta de Andalucía se ha encomendado a Ricardo Enríquez y Concepción Espejel ha asumido el presentado por el Gobierno de Emiliano García Page.
La vulneración de la separación de poderes
Uno de los pilares sobre los que se asientan los recursos del PP es la vulneración de la separación de poderes. Por ejemplo, el texto presentado por el Gobierno aragonés incide en la «quiebra total del Estado de Derecho» que se produce por la «vulneración del principio de separación de poderes». «Se excluye del control judicial al poder político», prosigue el recurso del Ejecutivo de Jorge Azcón.
Coincide con esta afirmación el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ve en la amnistía una «invasión» del Poder Legislativo en las funciones del Judicial. La presidenta madrileña ha anunciado la presentación del recurso durante un desayuno informativo en el que ha alertado de que la ley supone «el mayor acto de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia».
Rompe la igualdad y la seguridad jurídica
Por otro lado, los recursos recuperan la alerta que lanzó el Tribunal Supremo en julio, cuando presentó la cuestión de inconstitucionalidad. Indican que la ley de amnistía supone una vulneración de los principios de igualdad, seguridad jurídica y legalidad. La ley, concluyen, es arbitraria.
El recurso presentado por el Ejecutivo aragonés habla de «una flagrante vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, que tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado, garantizado en los artículos 14 y 139 de la Constitución, al verse beneficiadas determinadas personas de una impunidad que, como se ha visto, no se encuentra amparada en la Constitución».
Las comunidades del PP ven clara la vulneración del principio de seguridad jurídica, porque la ley «hace desaparecer las consecuencias jurídicas de sentencias firmes» e impide de forma injustificada «el ejercicio de la función jurisdiccional». De forma injustificada, razonan, porque «la Constitución no contempla expresamente la amnistía«.
Esta ausencia de la amnistía en el texto constitucional lleva a los gobiernos regionales del PP a concluir que la norma es «una reforma de la Constitución». Es decir, que para conceder la medida de gracia el Gobierno debería haber tramitado una reforma de la Carta Magna. Apoyadas en este argumento, las comunidades gobernadas por el PP censuran a su vez el trámite parlamentario que ha dado lugar a la ley.
«La fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la Ley Orgánica de Amnistía infringe los principios democráticos del Estado de Derecho», incide en este sentido el Gobierno aragonés. Más tajante aún ha sido la presidenta Madrileña al señalae que «en la tramitación parlamentaria de la ley se han infringido preceptos de la Constitución y del Reglamento del Congreso de los Diputados y esto ha dado como resultado una reforma encubierta de la Constitución Española». «¡Esto ni en las dictaduras!», ha llegado a exclamar Ayuso.