Otra cascada de peticiones de dimisión por la tarde. Tras la Junta de Fiscales de Sala, el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, ha escuchado las opiniones de los vocales del Consejo Fiscal acerca de su decisión de no dejar el puesto a pesar de ser imputado por el Tribunal Supremo. Y así, una mayoría de los vocales le han pedido que dé un paso al lado para no poner «en entredicho» la credibilidad de toda la carrera fiscal.

La reunión, que ha comenzado a las 16.00 horas y se ha prolongado durante casi dos horas, ha transcurrido de forma «relajada», según fuentes presentes en la misma, y las intervenciones de los 12 miembros del Consejo se han sucedido en un «tono cordial». De nuevo, García Ortiz ha sido el primero en intervenir y ofrecer sus explicaciones de lo acontecido.

A su intervención le han seguido, una a una, las de todos los miembros de la mesa. Los afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (a la que perteneció el propio fiscal general) han respaldado sin ambages su actuación. Santiago Mena y Yolanda Ortiz han trasladado a García Ortiz su apoyo, sustentado en «razones de índole moral, institucional» y en «el propio contenido de la resolución» del Tribunal Supremo.

«La única razón por la que se elevó la exposición razonada al Tribunal Supremo ha quedado libre de toda duda: la nota aclaratoria de la Fiscalía General del Estado no reveló secreto alguno porque estaba ya todo publicado», han defendido los fiscales.

En contraste con ellos, Salvador Viada, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido la dimisión de García Ortiz y, según fuentes fiscales, ha sido el vocal más crítico con la actuación de su superior. Junto a él, seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria, han solicitado al fiscal general no directamente que dimita, sino que «reconsidere su posición de no dimitir». Tras la sesión del Consejo Fiscal, la AF ha escrito en un comunicado que «la decisión del fiscal general de continuar en el cargo pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera».

Los fiscales pertenecientes a esta asociación han puesto de manifiesto otro asunto delicado: «la anomalía que supone que quien está llamado a intervenir como parte del proceso en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, actúe bajo la jefatura superior del investigado en ese proceso».

«No puede haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro de la institución, de la que pretende seguir ostentando la jefatura superior y representación pese a su condición de investigado», concluyen los vocales de la Asociación de Fiscales en un comunicado remitido poco después del término de la reunión.

El fiscal general, que según fuentes presentes en la reunión se ha mostrado «serio», pero «tranquilo», no solo ha confirmado su intención de no dimitir, sino que ha demostrado que realmente piensa en permanecer al confirmar que se mantiene en pie la próxima reunión del Consejo Fiscal, fechada a finales de diciembre.