La Fiscalía Anticorrupción ha enviado un escrito al juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, encargado de valorar la admisión de la querella que ha presentado el PP contra el PSOE por presunta financiación irregular, en el que se opone a la admisión de la misma, según detallan fuentes de la institución. El escrito del PP recoge el testimonio de un empresario, difundido en un medio de comunicación, que asegura que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE, en la calle Ferraz.

Además de dirigirse contra el partido, la querella del PP acusa al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García, exasesor del que fuera ministro José Luis Ábalos, de presunta financiación ilegal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho.

El escrito se presentó ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5, a cargo de Pedraz, porque se enmarca en las pesquisas secretas que dirige esta sede judicial por un presunto fraude de IVA de más de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. En el marco de esta investigación, De Aldama fue enviado a prisión provisional la semana pasada.

Los populares basan su querella en la información publicada el pasado 10 de octubre por el digital The Objective, que recoge el testimonio de dos informantes anónimos, uno de los cuales asegura que llevó 90.000 euros a la sede socialista de Ferraz en dos entregas que se hicieron con bolsas de plástico en octubre de 2020.

El objetivo último, de acuerdo con estos testimonios, sería que, a través de la intermediación de De Aldama con Koldo García, la empresa Villafuel consiguiera el título de operador en el sector de hidrocarburos, que finalmente obtuvo.

Para el PP, «la presunta entrega de 90.000 euros en efectivo por un particular para la obtención de una licencia administrativa en la sede de un partido político» es un indicio bastante importante como para «iniciar una investigación con tal de esclarecer la identidad del receptor y el destino de los fondos«.

No obstante, apunta también a la conexión de estos hechos con los investigados en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por Ismael Moreno en el conocido como caso Koldo y a la existencia de «un aforado» -Ábalos- que podría obligar a elevar el asunto al Tribunal Supremo.