La Audiencia Provincial de Madrid aborda este lunes el devenir de la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al estudiar los recursos en los que su defensa y la Fiscalía piden que archive o acote la causa.
Se trata de un día clave en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.
Una causa que empezó dirigiéndose únicamente contra Begoña Gómez, por su presunto papel en procedimientos de adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés, y que ya acumula otros dos imputados más: este empresario y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Ante los intentos de la Fiscalía y del abogado de Begoña Gómez, el exministro y exfiscal Antonio Camacho, para que el juez Peinado aclarase qué es lo que estaba investigando y limitase sus pesquisas, ambos recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid. La sección 23 de este órgano judicial, que ya avaló hace meses la apertura de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, se reúne a puerta cerrada este lunes para resolver los recursos, aunque fuentes jurídicas ven poco probable que se adelante su decisión ese mismo día.
Según las fuentes, la magistrada y exministra de Justicia Pilar Llop, que forma parte de esa sección, solicitó a la presidenta, Rosario Esteban Meilán, no participar en la terna de deliberación de estos recursos, como tampoco ha hecho en ninguno de los debates jurídicos relacionados con esta causa.
Archivar o acotar
Tres magistrados decidirán si archivan la causa, la acotan o la dejan tal y como la está dirigiendo el juez Peinado, a quien a su vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que decidir si investiga por prevaricación, tras las querellas presentadas por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno y Begoña Gómez. La defensa de Gómez solicita a la Audiencia el archivo, al sostener que se trata de una investigación prospectiva y universal, prohibida por la ley, aunque subsidiariamente también pide acotarlo.
Muy crítico con el procedimiento que dirige el juez, el abogado Antonio Camacho recurrió la resolución en la que Peinado señaló que investiga «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial».
El magistrado añadía que quedaban excluidos los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y que investiga la Fiscalía Europea. Pero la defensa de Gómez denuncia que el juez ha seguido investigando hechos ajenos a los que se pronunció la Audiencia de Madrid, como el rescate de Air Europa, o el máster de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
La Fiscalía, por su parte, solicita acotar la investigación en los términos que la Audiencia planteó en el citado auto, tras el que -dice- «daría la impresión de que la causa se habría quedado sin hechos sobre los que indagar«. En su recurso habla de «la amplitud, generalidad y falta de concreción en la imputación de hechos delictivos concretos», y advierte de que el proceso judicial es «genérico y carente de concreción».
Estos recursos fueron presentados a principios de julio, antes de que el juez diera un impulso a la investigación e imputase al empresario Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Al margen de lo que decida la Audiencia de Madrid este lunes, el juez tiene pendiente resolver si asume otra denuncia de la organización ultracatólica Hazteoír contra Begoña Gómez por presunta apropiación indebida de un software para el máster de la cátedra que codirigió.