José María Macías (Barcelona, 1964) es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pertenece más concretamente al bloque conservador, y asiste junto a otros 15 compañeros a un aniversario triste para la institución. Este lunes se cumplen cinco años del bloqueo del Consejo, que debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Macías forma parte del grupo de «juristas de reconocido prestigio» del Consejo, es abogado en Cuatrecasas y accedió al órgano de gobierno de los jueces en 2015 como sustituto de Mercé Pigem i Palmés.
En los últimos días ha vivido unos acontecimientos inéditos en su carrera como vocal: cuenta que recibe cartas de «ciudadanos anónimos» que le dan la enhorabuena por la declaración institucional contra la amnistía que votó junto a otros nueve vocales, a raíz de la cual Sumar se ha querellado ante el Tribunal Supremo contra todos ellos. Macías recibe a 20minutos en su despacho, del que se debió marchar hace cinco años, y asegura que allí no guarda más que «un cepillo de dientes» porque él no tiene apego a los despachos, y tan pronto como deba lo abandonará con lo puesto.
El motivo de esta entrevista es que se cumplen cinco años del bloqueo del CGPJ. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación?Por una cadena de errores que empezó hace mucho tiempo. La Constitución hizo un diseño sano para el principio de separación de poderes y de Estado de Derecho en España. En 1980 se aprobó una ley [la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, según la que los jueces nombraban a los 12 jueces del Consejo] que fue fiel a ese propósito. Las cosas se torcieron en el año 85 [cuando se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se cambió el sistema de elección de vocales]. Confiando en las mayorías absolutas de aquella época, se consideró que se podía trajinar más cómodamente con el Poder Judicial si los políticos se metían en él. La manera de salir de esta situación, a mi modo de ver, solo es una: sacar a los políticos del Consejo.
¿Se refiere a seguir las recomendaciones del comisario europeo de Justicia y establecer un sistema de elección por el que al menos el turno judicial del Consejo sea elegido por los jueces y no por las Cámaras?No es una recomendación del comisario de Justicia. El comisario de Justicia, al fin y al cabo, ha llegado hace poquito. Esto es una recomendación del Consejo de Europa, del Comité Consultivo de Jueces del Consejo de Europa, del Grupo Greco. Es jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, no es una ocurrencia del señor Reynders.
¿Ya se hablaba de cambiar en el sistema de elección antes de que ocurriese el bloqueo?
Totalmente, aunque lo ha incumplido todo el mundo. El PP lo tuvo en sus programas electorales en más de una ocasión. De hecho, en el Gobierno de Mariano Rajoy, y siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, él elaboró un anteproyecto normativo que incluía eso y después se dejó caer. Un gravísimo error del que supongo que están ahora más que arrepentidos.
¿Que los jueces escojan a los vocales no va en contra del principio constitucional que dice que todos los poderes emanan del pueblo?Para nada. Tenga en cuenta que los poderes emanan del pueblo, efectivamente, y se expresan a través de una Constitución con la que el propio pueblo se dota de reglas. El pueblo solo emana los poderes cuando actúa como constituyente. Una vez que se constituye, respeta esas reglas entre las que se incluye una Constitución, se incluye un gobierno del Poder Judicial, se establece un marco de referencia sobre cómo eso se tiene que regular. No tiene nada que ver una cosa con la otra, esa es una solución facilona que puede afirmar gente que no ha dedicado dos segundos de su vida a estudiar Derecho Constitucional.
¿Por qué el bloqueo no desgasta políticamente a ningún partido?
Imagino que el precio del aceite puede pesar más en el día a día de las personas que lo que ocurra en el Consejo. Que imágenes dramáticas como las que puedan estar sucediendo en Ucrania o en Palestina impactan mucho más que lo que pueda estar sucediendo en el Consejo. Que una pandemia en la que mueren miles y miles de personas, pues es algo que impacta mucho más. Quizá también falta en España, creo, una cierta madurez en temas de cultura política. Nos movemos más con las tripas que de forma racional.
Desde que en 2021 el PSOE y Unidas Podemos impulsaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ataron de manos al Consejo se han acumulado 85 vacantes en la cúpula judicial. ¿Cuánto tiempo se puede sostener esta situación?Supongo que mientras quien tiene el dominio para impedir esa situación esté dispuesto a desgastar el sistema, a perjudicarlo y a impedir que funcione correctamente, se aguantará hasta que ese señor quiera impedir que eso suceda. Ahora mismo en el Supremo hay 24 vacantes. Son 79 magistrados, si quitamos al presidente y al vicepresidente. Yo veo perfectamente factible que el siguiente Consejo vaya a renovar sobre el 70% del Supremo. Esto es lo que ocurre cuando una infección no se ataja, que se agrava y se extiende. Hay algo fundamental que expresa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para calificar un sistema como democrático. Y es que, para que lo sea, tiene que tener la confianza de los ciudadanos. Y la confianza de los ciudadanos se genera a partir de la apariencia.
Algunos de sus compañeros han planteado en ocasiones la posibilidad de dimitir para tratar de forzar la renovación. Una idea que usted rechaza frontalmente…Mire, yo rechazo la violación, rechazo el asesinato, el robo, el blanqueo de capitales, el terrorismo. Es decir, yo rechazo todo lo que está en el Código Penal. Las dimisiones colectivas de autoridades que pueden perjudicar el buen funcionamiento de un servicio se califican en el Código Penal como un delito de abandono de servicio público. Yo no cometo delitos. Si no fuera delito, pues podría empezar a planteármelo.
Precisamente, la semana pasada Sumar le acusó ante el Supremo a usted y algunos de sus compañeros de cometer un delito de prevaricación…
Sí, por expresar una opinión. Estos adalides de la libertad, estos grandes autodenominados y sedicentes progresistas se dedican a poner querellas. Yo llevo treinta y tantos años enseñando Derecho en una facultad. He suspendido a muchísima gente porque no se merecían aprobar. A otros muchos los he aprobado. Por semejante gansada, conmigo no aprueba nadie la carrera, se lo puedo asegurar. Lo que pasa es que es una gansada dirigida a impedir que el Consejo siga cumpliendo sus funciones. Una pura y simple amenaza. Cuando los jueces nos jugábamos que nos pegaran un tiro en la cabeza, como a alguno le llegaron a pegar, los jueces no se asustaron. Se creen los socios de esos herederos de los asesinos que con una querella van a conseguir que los vocales del Consejo se callen. ¿Usted se cree que con estas payasadas, que son solemnes payasadas, alguien que provenga de la carrera judicial se va a asustar? Por favor, si hay algo que conocemos es la ley y sabemos perfectamente dónde están nuestros derechos y nuestros límites.
Sobre esto mismo ha advertido a varias autoridades europeas, entre ellas el comisario Reynders. ¿Ha obtenido alguna respuesta?A los dos días de la primera comunicación, Reynders trasladó al Gobierno de España su preocupación por la situación española. Además puso de manifiesto que esa profunda preocupación estaba muy relacionada con la circunstancia de que agentes muy cualificados, como son quienes sustentan al gobierno del Poder Judicial, fueran los primeros en dar la voz de alarma. Normal que estén preocupados. La Unión Europea está diciendo, primero, que se salga de este impase. Segundo, que se adecúe el modelo de elección a los países del entorno europeo. La respuesta del Gobierno es «salimos de ese impasse haciendo lo que yo quiero y no me pienso adecuar a Europa».
El PP propone seguir el modelo de la Unión Europea, pero no está alineado con la Comisión en tanto que no quiere renovar el Consejo antes de cambiar el sistema de elección de vocales…Sí, sí, pero yo creo que sí está alineado. Lo que pasa es que el PSOE responde: «no, renovamos y de lo otro ya hablaremos». Estas negociaciones lo que requieren es un poquito de lealtad, cumplir la palabra dada. Europa nos pide dos cosas y las conecta. La primera mitad sin la segunda no tiene sentido para Europa.
¿Existe el ‘lawfare’ en España?
Claro que no. Qué majadería. Unos señores cometieron unos delitos, se les investiga por ello y quieren vivir al margen de la ley. ¿Que en un momento dado puede haber un juez corrupto? Pues lamentablemente ha sucedido en alguna ocasión. Ahora bien, cuando eso ha sucedido el propio sistema lo ha depurado y han sido otros jueces los que se han encargado con todas las garantías procesales de investigar los asuntos y condenar. Ellos proponen que los partidos políticos investiguen a los jueces en el Parlamento y los señalen, para que después ya sólo haya que condenarlos. Como cuando la Inquisición investigaba al hereje y después cuando ya lo tenían señalado lo quemaban. Es eso lo que se está proponiendo para que, si alguien se siente molesto con lo que ha hecho un juez, poder echarlo de la carrera o meterlo en la cárcel o cualquier majadería que se le ocurra a esta gente.
Usted se ha posicionado en contra de la ley de amnistía.No, cuidado. Yo me he posicionado en contra de que una ley se pueda aprobar eximiendo determinados delitos a cambio de un puñado de votos para que alguien pueda ser presidente. En contra de que Sánchez diga «voy a impedir que haya un gobierno de derechas porque ese es el interés de España y para ello, qué remedio, tengo que conseguir que determinadas personas salgan impunes». Si a cambio de votos para la investidura el presidente del Gobierno hubiera comprometido piruletas para esos señores con dinero público me hubiera manifestado exactamente igual. Respecto a la ley de amnistía, si finalmente el Senado nos solicita informe, nos pronunciaremos en ese informe.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial tras recibir ataques de varios políticos ¿Cuándo se resolverá el asunto?Sí, ataques de una portavoz del Gobierno de la Generalitat y del ex secretario de Estado Tontxu Rodríguez. Son ataques presuntamente calumniosos a un juez en ejercicio del cargo. El tercer ataque que he conocido [el de Gabriel Rufián] es lo que me parece más lamentable y penoso. Actuó como el gamberro que en el patio del colegio le pega al niño gordito con gafas que no se puede defender. Esto de subirse a la tribuna para insultar con la cobardía de ampararte en la inmunidad parlamentaria me parece imperdonable. Esto se está tramitando y lo tiene la Comisión Permanente. Hay una parte admitida a trámite, la primera. La de las palabras vejatorias del señor Rufián, aprovechando la facilidad de acceso a la tribuna, esa creo que está pendientes de decidir si se admite a trámite. Hay que dar una audiencia a quienes pronunciaron las palabras. Veo muy difícil que haya ninguna justificación razonable para andar acusando de prevaricación a los jueces que están investigando determinado tipo de delitos.
¿Recuerda un momento más tenso entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y Legislativo?Nunca, pero ni siquiera en la historia de España. No estoy hablando de esta época democrática, si quieres nos remontamos a los Reyes Católicos. Nunca jamás ha pasado esto. Sí que ha habido episodios de ataques a un juez, esto sí. Pero son episodios de ataque al juez por un asunto. Podemos encontrar ejemplos varios de situaciones no deseables, pero el ataque sistemático, el conflicto sistemático, la guerra institucional, la voluntad de anular un poder, esto no había pasado nunca.
¿Cuándo cree usted que se renovará el Consejo?
Creo que pronto. Sinceramente, ayer me decían que el presidente Sánchez, volviendo de Israel, había dicho que no iba a modificar las mayorías para que las Cortes nombren a los vocales del turno judicial. Vistos los antecedentes, muy probablemente sea eso lo que pase.