El Gobierno estudia modificar la ley de propiedad horizontal para poner coto a los pisos turísticos, ¿qué cambios se plantean?No queremos que los centros de las ciudades sean parques temáticos. Se está produciendo una falta de convivencia dentro de las propias fincas. De repente, al lado de tu casa no tienes a un vecino, sino a alguien de paso. Eso implica la necesidad de empoderar a los vecinos.

¿Y cuál es su propuesta?La posible modificación de la ley de propiedad horizontal que estudiamos va en la senda que ya ha marcado el Tribunal Supremo: el alquiler turístico es una actividad económica, por tanto como tal ha de considerarse. Los vecinos tienen que tener la capacidad de impedir que pueda instalarse un piso turístico.

La ley actual ya prevé que tengan que votar a favor tres quintas partes de los propietarios.No es taxativa. Dice poder «limitar o condicionar», no impedir o prohibir.

¿Cómo harán esa modificación?Estamos viendo el instrumento jurídico, porque necesitará de mayoría parlamentaria. Espero forjar un gran acuerdo. El objetivo es que los alojamientos turísticos no impidan el desarrollo de la vida en las ciudades y la posibilidad de acceder a una vivienda digna a un precio asequible. Si hay que prohibir, hay que prohibir. Si basta con limitar, limitaremos.

¿Qué le parece la decisión de Barcelona de eliminar los pisos turísticos en 2029?La aplaudo y valoro muy positivamente. Es una acción de mucha valentía. No es fácil tomar esa decisión, pero se trata de ponderar derechos, de hacer una buena planificación de la ciudad y de imprimirle al turismo una mayor calidad. Lo primero son las personas y garantizar el acceso a la vivienda.

¿Han detectado un trasvase de alquiler residencial a temporal a causa de la ley de vivienda?Si eso se está produciendo, es un abuso o un fraude y hay que perseguirlo y regularlo. Hemos activado un grupo de trabajo donde participan no solamente ministerios, sino también personas y entidades del sector privado. Nos están haciendo sus propuestas, que van en la línea de dar seguridad jurídica, garantizar los derechos de la ciudadanía y evitar el fraude. Lo vamos a aportar en las próximas semanas.

Ha pasado más de un año desde que entró en vigor la ley de vivienda, ¿qué valoración hace?Era una ley necesaria, mandatada por la Constitución. Ha introducido elementos muy importantes, como la protección del parque público de vivienda. Las zonas tensionadas no se limitan a la aplicación de un índice de referencia del alquiler. Implican acciones extraordinarias ante situaciones extraordinarias. Está habiendo demagogia, poco pragmatismo y menos acción de la necesaria.

La ley fue fruto de un texto pactado entre el PSOE, Podemos y el resto de socios. Como la ministra que tiene que ejecutarla, ¿le haría algún matiz?En este país existía una anomalía con la vivienda: el Estado no había dado respuesta a su mandato constitucional. Y esta ley contempla una auténtica política social con la vivienda. Nos remite a la competencia del Estado en la garantía de la igualdad de todos. Yo, como ministra de Vivienda, quiero que los madrileños tengan las mismas posibilidades que los catalanes. Y quiero que los madrileños puedan vivir en las mismas condiciones que los castellanomanchegos, que no están destinando la cantidad ingente de recursos que están destinando en estas zonas. Mi objetivo, y es lo que nos marca la ley, es que ningún español tenga que dedicar más del 30% de sus rentas a acceder a una vivienda.

No parece un objetivo muy evidente en este momento.Marcarnos un objetivo tan claro como este me parece fundamental. Ahora, con las leyes no se acaban los problemas, Hace falta una hoja de ruta muy clara y ejecutarla.

¿Y cuál es su hoja de ruta?Lo primero es más oferta de vivienda pública. En este punto, estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes, el último de ellos con 25.000 viviendas de alquiler asequible a través del Plan de Recuperación. Otra acción: más financiación. Hemos movilizado 8.500 millones en préstamos y avales para poder acceder a una vivienda, por ejemplo. También atender y no mirar hacia otro lado en las dificultades. Y aquí me refiero tanto a las que se dan en el medio rural, como las que hemos hablado del turismo o las que tienen los jóvenes. Y otra decisión: dotarnos de instrumentos para la transparencia y seguridad jurídica, como es la nueva Ley del Suelo o el observatorio para ofrecer datos fiables sobre vivienda.

¿La vivienda merece un acuerdo de Estado como ha tenido la Justicia?Sin duda. Es un problema transversal. Requiere de una acción política determinada sin dogmas. Reclamo que todas las administraciones seamos corresponsables en desplegar recursos. Y necesitamos que nos acompañe el sector privado, el sector bancario, el tercer sector… Necesitamos estar muy juntos. Vamos a tener un momento muy importante.

¿A qué momento se refiere?Estamos trabajando en el primer Plan Estatal de Vivienda bajo la nueva ley. Este Gobierno no quiere ser una caja pagadora de las competencias de las comunidades. Tiene una ley que lo ampara y, por tanto, unas competencias que ejercer. La situación es de verdadera emergencia social y la reacción no se puede hacer esperar.

¿En qué horizonte temporal la vivienda podría dejar de ser un problema generalizado?No dependerá solo del Gobierno. Hay situaciones que se pueden paliar de hoy para mañana. Por ejemplo, intervenir los alojamientos turísticos o intervenir los precios. Otras medidas requieren más tiempo, como la construcción de vivienda pública. Si alcanzamos un pacto de país, en poco tiempo podemos amortiguar el problema y llevarlo a dimensiones de países de nuestro entorno. Y digo amortiguar porque según el INE se generarán 3,5 millones de hogares en España en 15 años. Eso significa 3,5 millones de viviendas para acogerlos. No se puede trabajar con la demagogia de que todo es culpa de la ley de vivienda o de que vamos a comprar el pan y nos okupan la casa. Se necesita rigor, seriedad, mucho trabajo y mucha inversión pública.

¿Cuándo prevén ampliar el Bono Alquiler Joven?El Bono Joven no en todas las comunidades se está gestionando con la misma rapidez y eficacia. Y eso no puede ser, porque hay jóvenes que están viéndose discriminados dependiendo de la comunidad en la que vivan. Si el recurso era el mismo para todas las comunidades y la orden de convocatoria era la misma, ¿por qué no todos los jóvenes están cobrando en el mismo tiempo y forma? Hay que mejorar el sistema contando con herramientas nuevas como la inteligencia artificial, la robotización… Vamos a tratar de implementarlo para acompañar a las comunidades.

¿Pero van a ampliar los fondos?Sí, es nuestro compromiso, pero estamos pendientes de que algunas comunidades gasten todo lo que ya les hemos dado. Hace una semana les pedí precisamente que me hiciera llegar la situación en la que se encuentran en estos momentos esas cuantías que aún no han sido aplicadas. A quien no ha sido capaz de gestionar esos fondos, no se le pueden volver a dar y tampoco se puede privar a esos ciudadanos de los derechos que tienen en otras partes. Hay que mejorar el mecanismo.

¿Cuándo estará disponible la línea de préstamos ICO a promotores para construir vivienda asequible?Será inminente. Estamos ultimando algunas consideraciones de la Comisión Europea de forma y de literalidad para ponerlos en marcha. El ICO ya está trabajando con promotores para ir adelantando dónde está la demanda y después poder ser más ágiles.

¿Qué plazos y vías barajan para suprimir las ‘golden visa’?La idea era haberlo incorporado a la Ley del Suelo. Ahora los ministerios de Economía, Relaciones con las Cortes y Vivienda estamos buscando otro anclaje para incorporarlo. Es una acción quirúrgica que afecta a zonas concretas y que manda un mensaje sobre el bien social que significa la vivienda, que no puede formar parte de un visado en base a quién tiene la cartera más grande.

PSOE y PNV han retomado la Ley del Suelo en el Congreso, ¿qué visos tiene de salir adelante en esta ocasión, porque las posturas no parecen haber cambiado?El Gobierno retiró la Ley del Suelo, pero dejamos el texto porque es impecable. El Gobierno siempre estuvo dispuesto a hablar, pero las posturas estuvieron marcadas por un claro electoralismo del PP. De hecho, el PP no presentó enmienda a la totalidad, lo que hizo fue aprovechar un momento electoral para boicotear al Gobierno, pero a quien está haciendo daño es a los ayuntamientos, a las comunidades y al sector, que espera esta ley como agua de mayo.

¿En qué punto se encuentra la Operación Campamento?El convenio para el soterramiento de la A-5 está muy trabajado. Ya se envió al Ayuntamiento de Madrid, hicieron sus aportaciones y con toda probabilidad podríamos firmar pronto. Están prácticamente culminado. En cuanto a los instrumentos urbanísticos, también se están trabajando técnicamente y podrían estar activados a lo largo de este verano.

¿Qué planes tiene el Ministerio para Valencia?La principal actuación del Gobierno en la ciudad de Valencia pasa por reconvertir espacios urbanos en barrios residenciales como será el futuro del Cuartel de Ingenieros, una demanda que va a llegar a su fin, y donde estamos poniendo todos los recursos del Estado para hacer posible una mejora en la calidad de vida de los y las valencianos.

¿Y para Sevilla?Es una prioridad para el Gobierno, como demuestra la construcción de cerca de 2.000 viviendas en alquiler asequible y la rehabilitación de más de 850. La apuesta por la ciudad hispalense se ha visto reforzada con subvenciones nominativas por valor de 12 millones de euros gestionadas por el Ayuntamiento. Además, el antiguo Regimiento de Artillería será una realidad está legislatura para reconvertir este espacio urbano en un nuevo barrio residencial.