Primer movimiento de calado sobre el futuro de las centrales nucleares en España. Iberdrola ha solicitado una reunión a las otras dos compañías eléctricas propietarias de las centrales de Almaraz y Trillo, Endesa y Naturgy, sobre la posibilidad real de solicitar una prórroga de operaciones al Ministerio para la Transición Ecológica. El encuentro está previsto para después de Semana Santa y en él la compañía de Ignacio Sánchez Galán buscará la unanimidad necesaria para iniciar los trabajos necesarios para hacer posible la ampliación de la vida útil de la central cacereña, que de lo contrario cerrará su primer reactor en noviembre de 2027 y el segundo, en octubre de 2028.

El encuentro será en el seno de la junta de propietarias de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) y allí Iberdrola planteará a las otras dos compañías solicitar los informes necesarios para determinar la posibilidad de solicitar una prórroga para la central de Almaraz. De momento, la próxima reunión de este órgano está prevista para la segunda mitad de mayo y fuentes del sector eléctrico señalan que en ella «quizá» se analice una propuesta de prórroga, de la que añaden que «hasta ahora no hay detalles». Según fuentes de Endesa, esta compañía también se muestra «dispuesta, si se diesen las condiciones, a contemplar un hipotético escenario de renovación de la autorización de explotación de Almaraz, como complemento al escenario actual de su cierre».

Como impulsora de la discusión, el propósito de Iberdrola es tener quorum para iniciar los trabajos necesarios para tener el preceptivo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y posibilite así la extensión de la vida útil de Almaraz. Fuentes de la empresa enfatizan que esta decisión debe tomarse ya, puesto que aunque la fecha de cierre del primer reactor es noviembre de 2027, si no se ha llegado a una decisión de no hacerlo este mes de junio, el resultado será el cierre.

Cuántos años más

De momento, ninguna propietaria se quiere adelantar en cuantificar de cuántos años debería ser la prórroga de las nucleares, en un debate en el que salen a la superficie dos cifras. Una, la de 10 años, porque es el periodo por el que normalmente se pide cada nueva licencia para operar. El otro, tres años, empieza a aparecer como un plazo que permitiría salvar la incertidumbre a más corto plazo sobre la seguridad suministro, en el actual contexto geopolítico, en medio de los aranceles de Estados Unidos y de las estimaciones de Enagás de que sin nuclear, España tendría que importar un 70% más de gas, al tiempo que daría una ‘salida’ a la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica de mantener las centrales funcionando por más tiempo de que se acordó en el calendario de cierre de 2019.

A pesar de que florecen estas dos posibilidades —una prórroga de 10 años u otra de tres—, fuentes de Iberdrola mantienen que «sería una pena» limitar de esta manera la vida útil de la central de Almaraz, que es igual a otras que en otros países tienen permitido operar hasta 70 y 80 años.

Petición formal a Aagesen

Un acuerdo de las propietarias para solicitar una prórroga sería la petición en firme que el Ministerio para la Transición Ecológica asegura que no tiene todavía por parte de las eléctricas para alterar el calendario de cierre. No obstante, Iberdrola no renuncia a la reivindicación que acompaña desde hace meses a su petición para mantener las centrales activas por más tiempo, es decir, que «cambien» las condiciones fiscales, unos impuestos que las eléctricas denuncian que son una carga demasiado pesada para hacer viable la generación de electricidad con energía nuclear.

Fuentes de la compañía insisten en que una eventual petición de prórroga sería real «siempre y cuando las condiciones fiscales actuales de las centrales nucleares cambien». En el actual contexto internacional, la eléctrica reclama un «consenso amplio entre empresas, administraciones, partidos, trabajadores y ciudadanos» y reitera la necesidad de cambios fiscales. «Si hay una apuesta nacional por estas centrales, hay que acabar con la alta carga fiscal y aportar visibilidad de sus costes a largo plazo», apuntan fuentes de la compañía, que trasladan la cuestión fiscal a una decisión que debe de tomar el Gobierno. Hasta ahora, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se niega en banda a que los ciudadanos tengan que pagar una disminución de los impuestos a las eléctricas.

Si bien los estudios sobre lo que sería necesario para que el CSN diera el visto bueno a la extensión de la vida útil de Almaraz depende de sus propietarias, también hay otros análisis que deberían hacer para ello organismos dependientes o cercanos al Gobierno. Por un parte, de manera obligatoria, Red Eléctrica tendría que determinar que el cierre nuclear no afectaría a la seguridad de suministro, algo que pone en duda en los datos que ha aportado a un informe de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Trasmisión de Electricidad (ENTSO), que indica que en 2028 -tras el cierre de Almaraz- el riesgo de apagones sería mayor que en 2026.

Por otra parte, Red Eléctrica también tendría que determinar qué efectos puede tener sobre los precios de la electricidad y, más a largo, plazo, sobre los contratos de compra a largo plazo (PPA), dado que los grandes consumidores contratan electricidad origen nuclear porque es más estable.

Peso de Iberdrola y Endesa

Dentro de la propiedad compartida de las centrales de Almaraz y Trillo, Iberdrola tiene un 52,7%; Endesa, un 36%, y Naturgy, un 11,3%. Con este reparto y aunque debe ser unánime, son Iberdrola y Endesa las que llevan el peso de cualquier decisión sobre una petición de prórroga, de la misma manera que lo tuvieron en 2019, cuando finalmente fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre el calendario de cierre.

Fuentes de Endesa creen que ahora se ha dado «un giro radical» con respecto a entonces y a este calendario de cierre y todo el protocolo del que forma parte —y que contempla también la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento—. Como afirman en Iberdrola, todo debe ser ahora «reinterpretado a la luz de la situación actual», de «tensiones geopolíticas» relacionadas directamente con el mercado de la energía.

«Las nucleares aportan seguridad de suministro, energía competitiva y colaboran a la autonomía energética del país, ya que evitan la importación de combustibles fósiles que generan emisiones y están sometidos a alta volatilidad de precios», aseguran en Endesa, que lleva semanas manifestando «su intención de alcanzar un acuerdo con el Gobierno para el ajuste del protocolo de cierre, que permita retrasarlo en función de las necesidades del sistema energético español», con un consenso que, como también subraya Iberdrola, debe incluir también «la fiscalidad».

«Prescindir de los siete reactores nucleares operativos en los plazos previstos del protocolo puede ser un error a día de hoy y por ello apostamos por que la continuidad de esta fuente de energía se revise a través de un acuerdo de Estado», añaden.