El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles ante el juez Ángel Hurtado cualquier implicación en la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. «No, rotundamente no», ha exclamado cuando su defensa —la Abogacía del Estado— le ha preguntado si filtró los correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador. A lo largo de una hora y media de declaración como investigado, en la que no ha contestado a nadie más que a su abogado, García Ortiz ha asegurado que ha cambiado de teléfono varias veces desde que es fiscal general del Estado, entre ellas el pasado 23 de octubre, una semana después de que el Tribunal Supremo lo imputara por revelación de secretos.

Según fuentes presentes en la declaración consultadas por este periódico, García Ortiz ha concretado que lleva seis cambios de dispositivo desde que fue nombrado fiscal general en julio de 2022, después de que un informe de la Guardia Civil aportado a la causa revelara que el terminal que utilizó los días de la filtración no es el que tiene ahora.

Por otro lado, en el curso de su comparecencia, en la que la representante de la Fiscalía no le ha preguntado y se ha negado a responder a las acusaciones particular y popular, ha denunciado que el registro de su despacho —una de las primeras diligencias que acordó el juez tras abrir las diligencias contra García Ortiz— supuso una «entrada invasiva de derechos fundamentales».

Siempre según las fuentes consultadas, el propio García Ortiz ha llegado a acusar al juez de estar «predeterminado», en alusión a que la instrucción no se está produciendo con todas las garantías para él. Otras fuentes niegan que haya utilizado ese término y corrigen: «Al explicar por qué no iba a contestar, ha dicho algo así como que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad«.

García Ortiz ha negado haber filtrado la información a periodistas «o al entorno del Gobierno», ha afirmado que no dio «ninguna orden» en este sentido y, finalmente, ha defendido que nunca ha tratado de «perjudicar» a González Amador.  También ha sostenido que la idea de publicar una nota de prensa fue «conjunta» entre él y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Sin embargo, Lastra afirmó la semana pasada ante el juez que ella discutió con García Ortiz porque no estaba de acuerdo con añadir datos personales de la pareja de Ayuso en el comunicado.

Es más, Lastra explicó que tanto ella como su jefe de prensa se negaron a publicar la nota con el membrete de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, de forma que se acabó difundiendo desde la Fiscalía Provincial. Este miércoles, el fiscal general ha subrayado en el Supremo que Almudena Lastra «le tiene mucho desafecto» a la cúpula del Ministerio Público.

Por otro lado, ha negado que Lastra le preguntara si él había filtrado los correos y que él le contestara —como sostuvo la fiscal—: «Eso ahora no importa». Al contrario, García Ortiz ha defendido que la fiscal superior nunca le hizo esa pregunta porque «ningún fiscal le hablaría así al fiscal general».

A la hora de explicar su rechazo a contestar al abogado de González Amador, que ejerce la acusación particular por ser el perjudicado, García Ortiz ha señalado que «la mentira no puede ser un secreto», según las citadas fuentes. El jefe del Ministerio Fiscal hacía alusión a que en su querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el abogado de González Amador omitió «hechos relevantes», como que él mismo había enviado parte de los correos filtrados al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

La declaración del fiscal general ante el juez se produce tras más de tres meses de instrucción y a pesar del propio García Ortiz, que solicitó aplazarla y realizar antes otras diligencias previamente. Sus pretensiones fueron desestimadas por el instructor a comienzos de esta semana. Tras la comparecencia de García Ortiz, este jueves será el turno de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también como imputada, mientras que el 5 de febrero el juez tomará declaración al teniente fiscal imputado Diego Villafañe.

El hito de este miércoles no tiene precedentes: nunca antes un fiscal general del Estado había declarado como imputado en el Tribunal Supremo. García Ortiz lo ha hecho después de que el juez haya tomado declaración a una larga lista de testigos: el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato; el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez; varios periodistas; los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra; y los jefes de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y la Fiscalía General del Estado.

Visto que los periodistas se ampararon en su derecho a mantener el anonimato de sus fuentes y que el fiscal general ha negado la filtración, queda pendiente una última vía para aclarar si fue o no responsable del delito. El juez lleva semanas pendiente de averiguar si hay forma de encontrar los mensajes del antiguo teléfono de García Ortiz, los que no se hallaban en el teléfono que analizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando registró el despacho del fiscal.

Para ello, el instructor ha ordenado varias diligencias: ha pedido a dos compañías telefónicas el registro de llamadas del fiscal general; ha solicitado a la UCO que trate de recuperar la información; y a WhatsApp y Google, que entreguen los posibles datos que tengan almacenados del «usuario Álvaro García Ortiz».

Además, ha requerido «al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existente en la institución de Ministerio Fiscal y, específicamente, en Fiscalía General del Estado, relacionados con el uso de teléfonos móviles y uso de email de todo tipo (particulares y corporativos) por miembros del Ministerio Fiscal». Esta última diligencia iría enfocada a comprobar si García Ortiz cambió de móvil una semana después de ser imputado atendiendo a una instrucción de la Fiscalía o si pudo haber otros motivos.