La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido un informe a la Fiscalía antes de decidir si imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Así, el Ministerio Público deberá pronunciarse sobre la exposición razonada que presentó Francisco José Goyena, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que pedía imputar a García Ortiz.

La Fiscalía deberá pronunciarse también sobre el resto de denuncias y querellas planteadas por otras asociaciones en relación al mismo delito. El Supremo ha acordado acumular todas estas acciones contra el fiscal general en una única causa, reuniendo las denuncias de la fundación Foro Libertad y Alternativa  y de Manos Limpias. Una vez la Fiscalía se haya pronunciado sobre la posible imputación del fiscal general, los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela se encargarán de tomar la decisión final.

El fiscal general del Estado, que hasta este momento ha rechazado la posibilidad de dimitir, podría acabar investigado por un delito cometido al publicar una nota de prensa sobre la situación procesal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La nota se emitió tras filtrarse unas informaciones según las que la Fiscalía Provincial de Madrid había ofrecido al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo económico para librar una eventual pena de prisión por fraude fiscal y falsedad documental.

La Fiscalía mantiene que fue el abogado de Alberto González Amador quien trasladó aquella oferta. Así lo hizo saber a través de una nota publicada por la Fiscalía Provincial de Madrid, un comunicado que se emitió por orden expresa de Álvaro García Ortiz. El fiscal general ha admitido públicamente que fue él quien ordenó la difusión de esta nota, e incluso solicitó al instructor que elevara la causa al Tribunal Supremo.

Al tratarse de un cargo aforado, el fiscal general del Estado solo puede ser investigado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de forma que Goyena decidió finalmente emitir a esta una exposición razonada. García Ortiz, pese a reconocer que ordenó la emisión de la nota, no cree que esta comporte un delito de revelación de secretos. De hecho, defiende que era necesaria para «poner fin a un bulo».

El pasado jueves, en el discurso que pronunció durante la apertura del año judicial, García Ortiz se refirió precisamente a «la obligación» de la Fiscalía de dar a conocer «asuntos de interés para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz». Un mensaje que pudo entenderse como una reivindicación de su forma de actuar. 

«Quisiera detenerme en el tema de la información y de la comunicación, por su importancia para la institución y para la sociedad en general», lanzó el fiscal para defender que «solo la información veraz promueve culturas cívicas».