El Gobierno ha recuperado el anteproyecto de ley contra la trata y la explotación de seres humanos para reactivar su trámite. La norma decayó en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones, y el Consejo de Ministros ha retomado su trámite en la reunión extraordinaria convocada este viernes con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Entre otras cosas, la norma aborda la prevención y sensibilización de la sociedad y la asistencia y protección a las víctimas, que tendrán reconocidos todos sus derechos, es decir, un permiso de residencia y trabajo sin necesidad de que interpongan denuncia. Contempla, además, un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijos o personas dependientes a su cargo. Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el objetivo es que se garantice la «no expulsión» del país para aquellas personas que se encuentren en situación de trata, y que puedan acceder a «todas» las ayudas.

«Es una ley que no es punitivista, es una ley fundamentalmente centrada en la prevención, en la sensibilización y en la protección de las víctimas. Y lo que se pretende es actuar frente a todas las formas de trata, como nos exige tanto el convenio de Varsovia como el convenio de Estambul y nuestros compromisos internacionales», ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Minsitros. Además, para el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) no se contarán como ingresos las indemnizaciones acordadas por un juez para las víctimas de trata o explotación.

El Ejecutivo ha abierto una consulta pública para recabar aportaciones, y el texto tendrá que recibir todavía la valoración de los órganos consultivos antes de poder ser enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Pero la ministra de Igualdad ya ha avanzado que la ley amplía el concepto de trata y reconoce también a otras víctimas, como las de trata laboral, sexual, con objetivo matrimonial, matrimonios concertados o la trata para comercio de órganos.

Regular la situación administrativa de las víctimas de trata extranjeras fue, precisamente, uno de los escollos que encalló la negociación de la ley en la anterior legislatura. El Ejecutivo aprobó finalmente el anteproyecto en primera vuelta sin esta medida, al no lograr PSOE y Unidas Podemos —entonces a cargo del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero— un punto de acuerdo.

Ayudas para víctimas de violencia sexual

Otra de las novedades anunciadas este viernes está relacionada con el soporte económico de las víctimas de agresiones sexuales. El Consejo de Ministros ha instado al departamento de Redondo a «elevar» un real decreto para regular la concesión de ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales con bajos ingresos, en el marco del desarrollo de la ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del ‘solo sí es sí’.

Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que aprobará una instrucción para actualizar los criterios y procedimientos que determinan cuándo un caso deja de ser activo en el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género de Viogén, para mejorar la seguridad de las víctimas. «En función del riesgo, el mecanismo se podrá mantener activo incluso hasta un año después de que el agresor haya cumplido su condena». explican desde el Gobierno.

Además, a propuesta del Ministerio de Inclusión, el Gobierno ha dado luz verde también un cambio en las bajas para las víctimas de violencia de género. El Estado las reconocerá, a partir de ahora, como situaciones de incapacidad temporal por contingencia común, pero a efectos económicos se considerará de contingencia profesional para dar «mayor protección económica y social a las víctimas».

«En lugar de considerarse contingencias comunes, como pudiera ser una gripe o un simple resfriado, estas situaciones se van a asimilar a bajas laborales por accidente de trabajo a efectos de Seguridad Social», ha señalado la ministra, celebrando la medida que, asegura, «supone una mejora en la prestación porque van a pasar a percibir desde el primer día de la baja el 75% de la base reguladora con cargo a la Administración», sin periodo de carencia.

Acoso y ciberacoso

La última pata del paquete de medidas aprobado este viernes va destinada a la lucha contra el acoso laboral. El Gobierno ha aprobado un protocolo de actuación para este tipo de casos en el ámbito de la Administración General del Estado y los organismos públicos, incluyendo un listado de conductas constitutivas de acoso para «facilitar su aplicación» e incluyendo ahí el ciberacoso, el que se ejerce a través de medios tecnológicos.

Este protocolo obliga a los trabajadores públicos a informar sobre posibles casos de acoso sexual mediante un mecanismo «sencillo y confidencial»; y a la administración a atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba en este sentido. El procedimiento, además, fija que las actuaciones deberán ser rápidas y eficaces, acometidas «con celeridad», garantizando, salvo excepciones concretas, que se elaborará un informe sobre el caso en un plazo no superior a 10 días desde la activación del protocolo.

«Me parece que esta medida da coherencia al Gobierno porque llevamos solicitando a distintos sectores, a distintos colectivos que precisamente sean proactivos, que establezcan protocolos para la defensa de las personas frente al acoso y al abuso sexual», ha aseverado la ministra.