En cualquier caso, y pese a estas dificultades, el Gobierno pudo apuntarse dos importantes tantos para cerrar el año tras unas semanas de enormes dificultades, especialmente con Junts y Podemos, los dos partidos que, cada uno desde un lado del espectro político, le están presionando con mayor dureza. De hecho, en los últimos meses casi todas las negociaciones se han decidido en los últimos días o incluso en las últimas horas, aunque lo cierto es que el Ejecutivo ha ido sacando, a trancas y barrancas, buena parte de su acción legislativa.

Las tres principales excepciones a esa afirmación han sido en el año 2024 la ley del suelo, la de extranjería y el techo de gasto. El primer revés legislativo serio del año tuvo lugar en mayo, cuando el PSOE, a última hora, tuvo que retirar la primera de esas normas ante la negativa a aprobarla tanto de sus socios parlamentarios de izquierdas en el Congreso como incluso de Sumar, que suele votar coordinadamente las iniciativas con los socialistas. La Moncloa confió hasta el último momento en sacar la ley adelante con el apoyo del PP, que veía con buenos ojos la normativa, pero a quien le pudo más la oportunidad de infligir una derrota parlamentaria a Sánchez.

La reforma de la legislación de extranjería, por el contrario, sí llegó a votarse, aunque tampoco salió adelante. Los motivos, no obstante, fueron diametralmente opuestos a lo que ocurrió con la ley del suelo: tanto el Gobierno como sus socios de izquierdas y también el PNV estaban de acuerdo en modificar la norma para obligar a las comunidades autónomas a hacerse cargo del reparto de los niños y adolescentes solicitantes de asilo cuando los centros de la autonomía a la que llegasen estuvieran saturados, como es el caso de Canarias. Pero la suma de los votos de PP, Vox y Junts dio al traste con esa reforma.

En lo relativo a la senda de estabilidad, el Gobierno se ha llevado varios varapalos en lo que va de año. El Ministerio de Hacienda intentó sacarla adelante por primera vez el pasado julio, y en uno de los habituales tira y afloja con Junts, los de Carles Puigdemont volvieron a sumar fuerzas con PP y Vox para derribarlo. En septiembre, con las aguas más calmadas, Hacienda volvió a llevarla al Congreso en los mismos términos, aunque Junts se mantuvo firme y, en el último momento, el Gobierno retiró la votación y abrió conversaciones con Puigdemont para intentar llegar a un acuerdo. Esas negociaciones aún están abiertas, y la tardanza en aprobar la senda de estabilidad —que establece el techo de gasto que pueden incluir los Presupuestos— está retrasando la presentación de las cuentas de 2025.

Una decena de decretos

Pese a esos patinazos, el Ejecutivo ha mantenido bien atada su mayoría para sacar otras normas que no han recibido tanto foco mediático, como es el caso de la ley de enseñanzas artísticas, la de bomberos forestales o el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra. Y lo mismo ha ocurrido con la decena de decretos que, durante todo 2024, han salido adelante, la mayor parte de las veces apoyados por el Gobierno y sus socios progresistas y nacionalistas. Los tres últimos han sido de medidas para hacer frente a la reconstrucción y las consecuencias sociales de la DANA; el pasado jueves se aprobó la convalidación del último de ellos.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado dos decretos con medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, que entre otras cosas incluyen medidas como las subvenciones al transporte público. Lo previsto es que, este lunes, el Consejo de Ministros dé luz verde a una nueva extensión de este paquete de medidas, que tendrá que ser  convalidado en enero en el Congreso.

Por otra parte, en junio el Gobierno aprobó por decreto la puesta en marcha, por segundo año consecutivo, del programa Verano Joven, destinado a impulsar los viajes en verano de los jóvenes de entre 18 y 30 años mediante descuentos de hasta el 90% en las redes de transporte público de media y larga distancia de titularidad estatal. Y en mayo, el Ejecutivo hizo lo propio con un decreto que mejoraba el subsidio que perciben las personas que ya han agotado su derecho a paro. Este texto se aprobó a la segunda, puesto que el primer intento acabó en fracaso en enero porque incluía un recorte en el modelo de cotización para la pensión para los perceptores de esta ayuda que Podemos se negó a aceptar. Finalmente, el decreto se aprobó sin esa rebaja.