El Estado español tiene un problema. Los millones de trabajadores que cada día empujan para mover los engranajes de la gigantesca administración pública están cada vez más envejecidos. En el conjunto de la administración (central, comunidades, ayuntamientos…) el 43% de los empleados públicos tiene 50 años o más. Es decir, en unos 15 años se habrán jubilado prácticamente todos. En el sector privado el peso de ese grupo de edad es mucho menor, concretamente se sitúa en el 29% del empleo asalariado.

Se mire donde se mire, las plantillas de funcionarios son mayores. Pero hay algunos casos especialmente preocupantes. La Administración General del Estado (AGE) y la Seguridad Social, que gestionan servicios clave para la ciudadanía, están especialmente envejecidas. En la AGE, casi el 60% de los trabajadores tiene más de 50 años y uno de cada cinco se jubilará en menos de cinco años.

El caso de la Seguridad Social es, probablemente, el más alarmante. En el conjunto de este subsector —que da empleo a unas 33.000 personas— el 58% de los trabajadores supera los 50 años y uno de cada cuatro está próximo a la jubilación. La situación es más acuciante aún en dos organismos clave: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se encarga de gestionar prestaciones como las pensiones o el ingreso mínimo vital, y la Tesorería General (TGSS), que gestiona la caja única.

Según los datos que recopila Función Pública en su boletín semestral, en el INSS dos de cada tres trabajadores tiene 50 años o más y un 27% se jubilará en cinco años. El caso más llamativo es el de la Tesorería General, donde el 74% supera el medio siglo y uno de cada tres está próximo a retirarse. El envejecimiento de las plantillas en la Seguridad Social es uno de los factores que ha impulsado la reciente huelga de directivos de este organismo, quienes denuncian que el 70% de las jubilaciones no se reponen. Además, hay que tener en cuenta que la Seguridad Social asume ahora más carga de trabajo que hace solo cinco años. Ha asumido la gestión del ingreso mínimo vital y tiene cada vez más pensiones e incapacidades temporales que gestionar.

Esta imagen se repite, aunque no tan exageradamente, en otros sectores. En los ayuntamientos, donde trabaja medio millón de personas, el 47% de los empleados iguala o supera los 50 años. En las diputaciones provinciales, los consejos, los cabildos… la proporción se eleva hasta el 53%. En la Agencia Tributaria (53%), Interior (51%) o el gestor ferroviario ADIF (54%) este grupo de edad supone en torno a la mitad del personal. Quizá el ejemplo más irónico de envejecimiento lo encontramos en el Instituto de la Juventud, donde la mitad de sus 163 empleados tienen 50 años o más.