Ha tardado seis meses más de lo previsto, una larga negociación con patronal y sindicatos y un importante choque con Podemos, pero el Congreso de los Diputados convalidó por fin este jueves el decreto por el cual se reforma el subsidio de desempleo, la ayuda que cobran los parados de larga duración que se quedan sin prestación. Y lo hizo dando luz verde a un texto que no incluye la rebaja en el modelo de cotización para la pensión para los perceptores de esta ayuda que sí estaba presente en enero, cuando los morados decidieron derribar una primera versión de la norma para no avalar un recorte que podía suponer más de 160 euros al mes en una pensión media, según sus cálculos.

El decreto, este jueves, salió adelante con los votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos, es decir, la mayoría en la que se apoya el Gobierno, en la que en esta ocasión no falló ningún partido. PP y Vox, pese a sus críticas, se abstuvieron, por lo que no hubo votos en contra. No obstante, el debate no estuvo exento de dardos cruzados, especialmente entre los morados y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien inició su intervención dejando caer que «este decreto debería haber sido aprobado hace meses porque contiene mejoras tan sustanciales para el conjunto de la ciudadanía española que su puesta en marcha no debería haberse dilatado ni un minuto más».

La respuesta, pocos minutos después, vino de parte de la diputada de Podemos Noemí Santana, que celebró que el decreto que se aprobó este jueves «corrige los recortes» que sí incluía la primera versión del texto. «Nosotros siempre vamos a estar al lado de las iniciativas que supongan un avance, aunque sea modesto como este», y «una vez retirado el recorte, cuentan con nuestro voto a favor: ese era nuestro compromiso y lo hemos cumplido», defendió Santana, que deslizó que, si el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz «ha tardado meses en darse cuenta de que el recorte existía, pues problema de ustedes».

Otros grupos, como el PNV, celebraron otra de las medidas estrella incluidas en el decreto: la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los sectoriales en el caso de que los mejoren. Precisamente ese fue el motivo que esgrimió el PP para defender su abstención en la votación del decreto: su diputado Ángel Ibañez calificó de «inaceptable» que «en el ámbito de una comunidad los convenios autonómicos que se negocien tengan prevalencia sobre los convenios sectoriales o estatales» porque «supone una ruptura de la igualdad de los territorios».

La reforma del subsidio para desempleados que agotan la prestación aprobada este jueves establece que la ayuda crezca hasta los 570 euros mensuales durante los seis primeros meses de su percepción. Los siguientes seis meses, los beneficiarios que la cobren ingresarán 540 euros al mes, y a partir de ahí la cuantía de la ayuda se queda como estaba hasta ahora: en 480 euros al mes. «No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor», defendió Díaz en la tribuna.

Esa reforma ya estaba presente en el texto que fue derribado en enero, y de ella podrán beneficiarse también los menores de 45 años sin cargas familiares, excluidos de este subsidio hasta ahora. Hasta ahí, Podemos estaba de acuerdo con la medida. Pero lo que hizo caer el decreto hace medio año fue la disposición transitoria que ahora se elimina y que amenazaba con suponer un recorte en la pensión futura de los perceptores de la ayuda de 570 euros.

En concreto, la disposición transitoria tercera del decreto, ahora eliminada, reformaba el modelo de cotización para la pensión de quienes empezaran a cobrar el subsidio a partir de este mes de junio. Ahora mismo, los perceptores de la ayuda cotizan para su futura jubilación un 125% de la base mínima de cotización, es decir, 1.575 euros al mes. Pero el recorte ahora suprimido establecía que en 2024 ese porcentaje se hubiera reducido al 120% (1.512 euros al mes); en 2025 hubiera pasado a ser del 115% (1.449 euros al mes); en 2026 hubiera bajado hasta el 110% (1.386 euros mensuales); y en 2027 se hubiera quedado en el 105% (1.323 euros al mes).

No era en absoluto sencillo calcular la repercusión media que hubiera podido tener en una pensión de jubilación este recorte, puesto que hubiera dependido de cuánto tiempo se cobrara el subsidio de 570 euros mensuales, cuándo se jubilara el trabajador o si alternara el cobro de esta ayuda con trabajos temporales. Pero, según los cálculos de Podemos, «para un trabajador de 52 años que hubiera percibido el salario medio español durante su carrera profesional, tuviera 22 años cotizados y cobrara el subsidio hasta su jubilación», la decisión del Gobierno implicaba «reducir su pensión en 162 euros al mes, es decir, en 2.268 euros al año».