Las cuatro organizaciones señalan que poner en marcha este volumen de inmuebles requiere de una colaboración público-privada «efectiva». «La administración por sí sola no puede resolver el problema. Es imprescindible un marco estable de colaboración con el sector privado para maximizar los recursos y la eficacia», subraya el texto consensuado, que reclama también inversión pública e incentivos fiscales para promociones a precios asequibles.

«Demasiadas veces no se produce esa colaboración público-privada, no por no querer por nuestra parte, sino normalmente a la inversa. Cualquier colaboración requiere de confianza mutua y por a o por b a la administración le ha costado siempre tener confianza en el sector privado», ha valorado en rueda de prensa el presidente de APCEspaña, Xavier Vilajoana. En esa línea, el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha pedido que la nueva empresa estatal de vivienda se centre en movilizar suelo para ponerlo a disposición del sector privado. «Debe darnos la materia prima», ha planteado.

Diálogo político

Dentro de las diez medidas propuestas, los cuatro actores enfatizan la necesidad de desbloquear la modificación de la ley del suelo para agilizar la obtención de la superficie sobre la que levantar las viviendas. Denuncian que actualmente disponer y poner a punto un suelo para construir sobre él es un proceso «complejo y lento» que lleva de media entre 10 y 15 años. «La reforma de la ley del suelo es prioritaria para desencallar los planeamientos paralizados», recalca el decálogo.

El más contundente en esa reclamación de consenso político para desbloquear la ley del suelo ha sido el presidente de la  CNC, que ha pedido que la proposición de ley del PP admitida a trámite hace unos días en el Senado sirva para abrir el debate, después de dos intentos fallidos en el Congreso con textos impulsados por PSOE y PNV. «Insistimos en que se comparen las propuestas. Lo que se plantea en relación al problema del suelo es el mismo diagnóstico y las mismas soluciones, otra cosa es que algunos proyectos añadan otros temas», ha remarcado Fernández Alén. «El debate depurará el texto. Si se tienen que quitar los añadidos, se quitarán», ha añadido.

En esa demanda de diálogo político, constructores, promotores, arquitectos y aparejadores instan a lograr un pacto de Estado por la vivienda. «Es urgente alcanzar un consenso político que trascienda legislaturas y permita abordar el problema de la vivienda con una visión a largo plazo», asevera el manifiesto de las cuatro organizaciones. «Hace falta una intervención política de responsabilidad y un pacto de Estado se antoja indispensable», ha expresado en esa línea el presidente del CGATE, Alfredo Sanz, que ha recordado la dimensión social del problema de la vivienda. «La solución última no es construir, sino que las viviendas puedan llegar a estar habitadas», ha señalado, recalcando que «un euro invertido en políticas de vivienda es un euro ahorrado en Sanidad».

Modernización del sector

Desde el sector privado reclaman también la agilización de la concesión de licencias y la unificación de normativas, algo que consideran «esencial» para «garantizar la seguridad jurídica y atraer inversión». «No nos referimos a que cambien la ley. Nos conformamos con que se cumpla», ha matizado Vilajoana, que ha lamentado la actual dilación de los plazos por encima de los 2 y 3 meses que marca la normativa. «Un marco regulador claro y estable, libre de arbitrariedades y con criterios unificados no solo reduce la carga burocrática, sino que también fomenta y agiliza la actividad promotora», destaca el decálogo.

Las cuatro organizaciones apuntan también a que las nuevas tecnologías pueden ser un aliado para mejorar la sostenibilidad, la calidad de las construcciones y la falta de mano de obra. En particular, reclaman que se apoye la industrialización del sector y proponen la puesta en marcha de una campaña para mejorar la imagen de un sector que todavía arrastra las heridas de la burbuja inmobiliaria. «Hay que olvidarse de tiempos pasados en los que muchos foráneos del sector hicieron mucho daño. Hace falta una dignificación social. Se va a poder trabajar en construcción con bata blanca», ha señalado el presidente del CGATE.

El decálogo presentado este jueves añade que la solución al problema de la vivienda no pasa solo por construir, sino también por rehabilitar los inmuebles que ya existen. En ese sentido, la presidenta del CSCAE, Marta Vall-LLossera, ha explicado que el parque edificado está «muy envejecido» y ha remarcado la necesidad de establecer ayudas estables y accesibles para fomentar la rehabilitación y la salida de viviendas a los mercados de venta y alquiler a un precio asequible.

«Son medidas que seguramente hemos escuchado por activa y por pasiva muchas veces, pero por nosotros no será dejar de repetirlo», ha resumido Viajoana, que ha recalcado que «no hay ninguno de estos diez puntos que por sí mismo vaya a solucionar nada». El objetivo de las cuatro organizaciones es presentar el decálogo al Gobierno a finales del mes de mayo en el marco de la feria Construmat, el Salón Internacional de la Construcción que tendrá lugar en Barcelona. «Es hora de pasar de los discursos a la acción y garantizar soluciones duraderas para el acceso a la vivienda a las generaciones presentes y futuras», recalca el propio texto.