El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció este lunes que tomará «medidas jurídicas» ante la «dejación de funciones» que considera que está haciendo el Gobierno central respecto a la gestión de la crisis migratoria. Se trata del último golpe sobre la mesa que da después de múltiples llamadas de auxilio ante el constante aumento de llegadas de migrantes a las islas, y tras sentir que el Estado está dejando de lado a Canarias frente a esta situación. De hecho, Clavijo ha ido más allá, y ha pedido a las ONG que trabajan en los centros de acogida que no acepten a más menores migrantes sin su autorización. 

«En el caso de Canarias, está haciendo dejación de funciones. El Gobierno de España no sé si lo tiene claro o no. Yo sí tengo claro que el Gobierno de España está dejando abandonada a Canarias y eso es algo que hay que transmitir», afeó el presidente canario en una entrevista en la emisora pública Canarias Radio. Clavijo aseguró que «este fin de semana ha habido un antes y un después» en la isla de El Hierro, donde dice que, ante las constantes llegadas de cayucos, el Gobierno vertió «presiones y amenazas» a las ONG «para que acogiesen a los menores sin poder garantizarles la debida atención» y pese a no contar con las plazas suficientes.

Canarias, recordó Clavijo, lleva meses sufriendo un desbordamiento de sus sistemas de acogida a menores migrantes no acompañados, «por encima del 200% de su capacidad», con casi 6.000 niños y adolescentes bajo su tutela. Una situación que prevén que vaya a más con la mejora de las condiciones del mar en septiembre y octubre. «Si no hay lealtad y compromiso, el Gobierno de Canarias se va a poner en su sitio», recalcó.

Más tarde, y tras reunirse con el Pacto Canario por la Migración (en el que están representadas todas las fuerzas salvo Vox), Clavijo explicó que había ordenado a los servicios jurídicos que analicen «todas las acciones jurídicas posibles», ya sean administrativas, constitucionales o penales, para que estudien la situación «en ausencia» de un acuerdo en torno a la responsabilidad de la acogida de los menores migrantes. También en el Consejo de Gobierno de este lunes se decidió «ratificar» la situación de emergencia declarada hace ya un año, para poder «justificar determinadas actuaciones».

Competencia del Estado

«Los menores no están desamparados, no están abandonados. Están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es quien, con Salvamento Marítimo los recoge, quien los mete en la frontera española, en este caso, llegando a Canarias; es el Estado con la Policía Nacional quien los reseña; y es el Estado quien los tiene bajo su guarda. Y después se los entrega a la comunidad autónoma, aunque en este caso se los estaba dejando vía ONG directamente», ha subrayado en declaraciones a los medios, denunciando que ese procedimiento va en contra de lo establecido en el protocolo de 2014.

Según Clavijo, la ley deja claro que el menor es competencia de la comunidad autónoma solo si está abandonado o en una situación de desamparo. Lo que, según defendió este lunes, no es el caso, porque «están protegidos por el Estado» desde que son recogidos en alta mar. «Un migrante que el Estado ha recogido en alta mar y lo ha traído a Canarias lo podía haber llevado a Cádiz. Es más, igual que el menor sale de El Hierro y lo llevan a Tenerife, puede salir de El Hierro e ir a Cataluña», insistió.

Por ello, este mismo lunes ha notificado a las entidades que trabajan en la acogida de esos menores que, «a partir de ahora» y «sin el visto bueno o previa autorización» del gobierno canario, «no se pueden asumir más menores, precisamente para garantizar sus derechos». Así se lo han notificado también a Moncloa, a quien han pedido que se limite a dirigirse «directamente al ejecutivo autonómico» y que cumpla así con el procedimiento recogido en el protocolo aprobado hace diez años.

El Gobierno le acusa de «proteger» al PP

Poco tardó el Gobierno en responder a las palabras de Clavijo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres —expresidente de Canarias—, acusó a Clavijo de «proteger a su socio», al PP, que cogobierna con ellos en el archipiélago, «atacando al Gobierno».

Los ‘populares’, recordó el ministro, fueron, junto a Vox y Junts, quienes votaron en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería pactada entre el Gobierno central y el canario para hacer obligatoria la reubicación de los menores migrantes cuando un territorio estuviera saturado, como es el caso de Canarias. «De haber votado sí, hoy estaríamos prácticamente empezando a derivar menores», aseguró en una entrevista en Las mañanas de RNE.

El cruce de reproches entre ambos gobiernos ha sido constante en las últimas semanas del verano, en las que Canarias se ha enfrentado a un aumento de las llegadas de migrantes a sus costas (un incremento del 123% en lo que llevamos de 2024, respecto al mismo periodo del año pasado). El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con Clavijo hace una semana y media para abordar este asunto, y le ofreció una partida de 50 millones de euros para compensar el esfuerzo económico que ha tenido que hacer el archipiélago para garantizar la acogida. Una cifra que, para el gobierno canario, se queda corta, teniendo en cuenta que ha tenido que gastar 150 millones en todo el año para hacer frente a la crisis migratoria.

Tanto el Ejecutivo central como el canario, eso sí, coinciden en que la única vía posible es la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para imponer la llamada «solidaridad obligatoria» a las comunidades autónomas y aliviar la presión que sufren los territorios más tensionados, que son Canarias y Ceuta. Pero para ello necesitan los votos del PP y Junts, que rechazaron a última hora la propuesta, y a quienes el Gobierno lleva semanas emplazando a que reflexionen en un segundo intento de sacar adelante la iniciativa, ahora que se reanuda el curso político.

Junts también presiona al Gobierno

Junts, que en julio votó en contra de la iniciativa porque pedía dejar a Cataluña fuera de ese reparto obligatorio, también presionó al Gobierno este lunes. Los de Carles Puigdemont registraron una batería de preguntas al Ejecutivo en las que le acusan de «ocultar» los criterios de distribución de los inmigrantes al resto del territorio nacional. «Queremos conocer cuál es el protocolo que se sigue desde el momento en que se decide que se distribuyen estas personas migrantes hasta que llegan al municipio asignado», exigieron.

En el mismo escrito, los independentistas consideran también que el Gobierno «abusa de la solidaridad» de Cataluña, «sin facilitar las herramientas y recursos necesarios para poder acoger y atender a las personas migrantes». «No se puede seguir sobresaturando y tensando la convivencia en Cataluña porque sin los recursos necesarios el sistema no funciona».