El ministro de Justicia, Félix Bolaños, apenas ha querido aclarar la postura del Gobierno respecto a la reforma legal que, según ha desvelado este lunes El Confidencial, llevará a rebajar las condenas de prisión de 41 etarras, entre ellos Javier García Gaztelu, Txapote, que quedaría en libertad. El ministro ha asegurado en unas breves declaraciones que la reforma no tiene «nada que ver» con el Gobierno y porque está «en tramitación parlamentaria» -queda el trámite del Senado-. Más allá de eso, ha asegurado que la modificación «lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea».

Pero no ha desvelado si el Ejecutivo sabía que modificar la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, implicaba la rebaja de penas a terroristas de ETA. Ni siquiera ha valorado si computar los años de prisión que estos etarras han pasado en Francia y, por tanto, rebajar sus condenas actuales en España es algo positivo o razonable para el Gobierno.

Es un hecho que, aunque Bolaños diga que el Gobierno no tiene «nada que ver», fue el Ejecutivo quien presentó el proyecto de ley el 22 de marzo de 2024. Sin embargo, a su paso por el Congreso de los Diputados, la norma sufrió dos modificaciones clave. Ambas debidas a enmiendas presentadas por Sumar.

Una de ellas modificaba el artículo 14 de la norma, sobre los «efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores sobre el nuevo proceso penal». La otra suprimió la disposición adicional única, que dictaba: «En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente ley las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010».

La reforma legal se aprobó por unanimidad en el Congreso el pasado 18 de septiembre, lo que hace evidente que al menos tres grupos parlamentarios -PP, Vox y UPN- no eran conscientes de sus implicaciones. Más aún cuando los populares ya han anunciado que vetarán la norma este martes en el Senado.

El ministro Félix Bolaños ha descrito la tramitación parlamentaria de la norma como «absolutamente pacífica». «Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, sin excepción, y esa tramitación parlamentaria ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas», ha subrayado el ministro.