El motivo de esta entrevista son los cinco años de bloqueo del Consejo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Yo estoy convencido de que quien bloquea el Consejo es el PP, porque tiene expectativas de manejarlo. No quiere adaptarlo a una composición coherente con el Parlamento y eso no se puede explicar si no hay una expectativa de instrumentalizarlo políticamente. En los últimos tiempos hay un seguidismo muy grande del CGPJ a las estrategias del PP.  Se está usando el Consejo como si fuera un estilete de confrontación institucional con el Gobierno y con el Poder Legislativo.

¿Qué ejemplos concretos podría nombrar?Pues, entre otros, el más reciente. Un movimiento desde el Consejo que pretende descalificar y descalifica una proposición de ley de amnistía que en ese momento no existe, con una terminología impropia del órgano de la justicia. No solamente descalifica a un presidente del Gobierno, también al sistema político español. El Consejo no tiene competencia para interferir en la política legislativa salvo en los términos que marca la ley.

Denunció que el Consejo no está habilitado por ley a elaborar informes sobre proposiciones de ley. Y sin embargo lo que se hizo no fue un informe, sino una declaración institucional.
Sí, fue una declaración institucional que entraba en algo que no existía en ese momento. Entró en un juego de intenciones. Por lo tanto, es una declaración más que institucional, política. Se perdió la presunción de independencia.

Sumar se querelló con quienes impulsaron la declaración. ¿Está de acuerdo con la idea  de que el CGPJ pudo incurrir en un acto prevaricador al aprobarla?Yo no llegaría a ese nivel. Lo califiqué de ilegal y de inconveniente. Y denuncié que se tomaba una decisión para la que no existía competencia y suponía una interferencia en el debate político. Pero no todo tiene que ser prevaricación por el hecho de interferir en la vida política.

¿Cuándo cree que se renovará el Consejo?Tengo pocas esperanzas. He leído que el presidente quería propiciar una entrevista con el PP para volver a plantear esta cuestión. A mí solo me queda hacer esa apelación porque me parece que tener una institución que ha finalizado su mandato no solamente es un escándalo, es una quiebra muy grave de la Constitución. Cuando la Constitución establece un mandato es por una razón de higiene democrática. La no renovación del Consejo, que es un órgano diezmado, es propia de un país bananero. La imagen que se proyecta de España es de un país bananero.

Europa propone cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ para que al menos el turno judicial sea escogido por jueces. ¿Usted qué piensa de eso?Lo que el comisario de Justicia ha dicho es primero renovar y luego hablar de una modificación legal. No hay ni en los tratados de la UE ni en los acuerdos de la Comisión Europea ningún acuerdo que establezca un modelo concreto de organización de los consejos del poder judicial. Nosotros entramos con nuestro modelo en la UE y la Unión Europea nunca lo puso en tela de juicio. No todos los países tienen Consejo General del Poder Judicial y no todos tienen el mismo modelo. Nuestro modelo sigue siendo ejemplar en el ámbito de la Unión.

¿Y por qué cree que se mandan estas recomendaciones?Yo creo que es puro propagandismo. Es decir, no se refieren al modelo español. Se están refiriendo a otros modelos, no a España.

Está diciendo que los jueces deben elegir a parte del Consejo.No. Él no llega a decir que sea así.

He escuchado al comisario Reynders decir que es urgente renovar el Consejo e inmediatamente después cambiar el modelo de elección para que los jueces elijan al menos a parte del Consejo.Pero no establece ni siquiera cuál es ese mecanismo de elección o cómo, o si los jueces proponen menos candidatos y luego es el Parlamento el que vota. No está entre sus competencias, él no puede dar un modelo de Consejo porque si miramos el modelo de Consejo de Bélgica, en fin, no resiste comparaciones con España. Tampoco está el comisario como para dar muchas lecciones. Hay que distinguir entre lo que es una obligación que se deriva de los tratados, de las directivas y de la jurisprudencia europea de lo que son recomendaciones.

Desde que el CGPJ no puede hacer nombramientos discrecionales se han acumulado 85 vacantes en la cúpula judicial. ¿Cuánto tiempo se puede sostener la situación?La situación es insostenible. Por eso decía que estamos proyectando una imagen bananera. Que haya 85 vacantes sin cubrir es una situación gravísima. El Parlamento debería instar permanentemente y enfrentar al espejo a todas las fuerzas parlamentarias incluyendo en el orden del día todos los días la elección del CGPJ.

Ante esta situación insostenible, ha planteado en más de una ocasión la posibilidad de una renuncia en bloque que fuerce la renovación. ¿Por qué nunca se ha llegado a producir?Porque no todos opinan igual, algunos han visto en mi propuesta una propuesta excesivamente atrevida e incluso populista. Deberíamos de haber forzado esa renovación de una manera insistente. Lo más útil hubiera sido que por ley orgánica se decretara automáticamente la disolución del Consejo una vez acaba su mandato. Y que un órgano interino integrado con carácter mixto entre funcionarios del Consejo y la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo se encargara de la gestión diaria, de manera que ante esa situación de Consejo ya inexistente no tuvieran ninguna puerta de salida aquellos que se niegan a renovar.

Entre los vocales hay quien dice que esa renuncia colectiva sería un delito tipificado en el Código Penal como un delito de abandono…Yo creo que eso es dramatizar mucho. No es un delito de abandono de servicio porque precisamente aquí hay un interés superior que es el interés constitucional, es precisamente un impulso para que el servicio mejore.

¿Existe el ‘lawfare’ en España?Yo creo que sí y voy a poner un ejemplo porque todo depende de qué se entienda por lawfare. No tiene nada que ver con los jueces, lawfare es guerra legal, es usar mecanismos legales para producir efectos políticos. Hay quien intenta movilizar determinados recursos legales o judiciales para provocar el efecto de desprestigio de la política y el juez no tiene la culpa, está cumpliendo su deber. El mayor ejemplo y el mayor monumento de lawfare es lo que está haciendo el PP bloqueando el Consejo. No es mi función opinar de temas de política de actualidad, pero más allá del valor o del desvalor que me merezcan los pactos políticos del PSOE con Junts, me parece que el párrafo donde se coge la expresión lawfare está fatalmente redactado e incurre en una gran falta de rigor. Jamás el Parlamento se ha permitido investigar a un solo juez en su función jurisdiccional y eso no se puede producir.

¿No cree que esas sean las pretensiones del PSOE y Junts con ese acuerdo?El PSOE parece que se ha desmarcado. El párrafo en sí es un despropósito y está mal redactado. Ni en el pasado ni en el presente ni por supuesto en el futuro será posible que el Parlamento pueda investigar a un juez por su labor jurisdiccional.

¿Esta amnistía tiene encaje constitucional?
Yo no quisiera opinar por ser miembro del Consejo y porque no sé si en algún momento el propio Parlamento pudiera pedirnos opinión. Lo que sí he visto es que hay una argumentación bastante rigurosa en la exposición de motivos. Pero no quiero llegar más allá.

Y la figura de la amnistía, ¿cabe en el sistema constitucional?En abstracto, sí cabría. Precisamente porque no hay una prohibición en el ámbito de la Declaración de Derechos Humanos, en el ámbito de Naciones Unidas. No hay tampoco una prohibición, sino que además existen figuras en el ámbito de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ahora habría que plantearse qué amnistía y en qué medida esa amnistía es coherente y no traiciona principios constitucionales.

El jueves se produjo un hecho inédito en la historia del CGPJ, se consideró que una propuesta del Gobierno para fiscal general del Estado no es idónea. Usted votó en el sentido contrario. ¿Cuáles fueron sus argumentos?Mis argumentos fueron que reúne los requisitos legales de trayectoria jurídica, de tiempo de ejercicio de la profesión, de currículum profesional intachable y que además ya venía ejerciendo el cargo. Los que han sostenido la inidoneidad han entrado en un juicio de valor rebuscando en aquellas decisiones que han podido ser contradichas por algún tribunal. Consideran muy grave que una sentencia del Tribunal Supremo haya declarado que una decisión del fiscal general sea un desvío de poder.