Mié. Ene 22nd, 2025
El juez que investiga a García Ortiz pide a Google y Whatsapp que aporten datos de los mensajes del fiscal general
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a 4 de diciembre de 2024, en Toledo.
Europa Press

El juez instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado no ceja en su búsqueda de los mensajes desaparecidos que intercambió el fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, en las fechas clave de la revelación de secretos que investiga el magistrado. Este lunes, Hurtado ha acordado emitir una comisión rogatoria a Whatsapp LLC y Google para que estas compañías remitan «cuantos datos obren en su poder respecto del usuario Álvaro García Ortiz».

El instructor acuerda estas nuevas diligencias en respuesta a una petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una solicitud que considera «razonable y coherente». Hurtado reclamó a la UCO el 7 de enero un informe sobre las posibles vías para obtener los mensajes de García Ortiz una vez se supo que el fiscal general se había desecho de su teléfono a la semana de conocer su imputación. El nuevo móvil de García Ortiz contenía «cero mensajes» en las fechas de la filtración.

El informe de la UCO, que ya está en manos del juez del Supremo, indica que las conversaciones de Whatsapp se almacenan en dos tipos de copia de seguridad: «una a nivel local y otra en almacenamiento virtual». Estas últimas copias «son realizadas, en su caso, a través de una de las cuentas de Google asociadas al dispositivo». Teniendo en cuenta que la Policía Judicial no tiene a su disposición el dispositivo de García Ortiz, el juez ha estimado «necesario» atender a sus requerimientos.

Así que ha acordado emitir dos comisiones rogatorias, una a Whatsapp LLC y otra a Google Inc. A la primera compañía le ruega que envíe «mensajes recibidos y enviados por los usuarios, indicando los datos básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora); copias de seguridad de los chats y archivos multimedia; y el registro de las comunicaciones realizadas por los usuarios».

El juez requiere también a Google los datos de «diversos servicios vinculados a la cuenta; copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta; copias de seguridad de aplicaciones de terceros; copias de seguridad de los chats disponibles; y el registro de las comunicaciones realizadas por el usuario».

Dado que la UCO no dispone del teléfono móvil que manejaba García Ortiz en el momento de la filtración, el juez ha acordado nuevas diligencias relacionadas con el dispositivo que se volcó durante el registro de su despacho, el que el fiscal comenzó a utilizar a la semana de ser imputado. En este sentido, el auto del juez Hurtado da «autorización expresa para conectarse a aquellos repositorios de información donde pudieran encontrarse archivos susceptibles de contener la información de interés«.

Por otro lado, el instructor solicitó el pasado 7 de enero a dos compañías telefónicas que remitieran el listado de llamadas entrantes y salientes asociadas a los números de teléfono de García Ortiz, una diligencia sobre la que no se ha vuelto a pronunciar. Así continúa la búsqueda de Ángel Hurtado, que ya interrogó a varios periodistas que se acogieron a su derecho a no revelar sus fuentes. Ahora, la última baza del juez podría depender de Google y Whatsapp.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indican que la posibilidad de que las grandes compañías tecnológicas colaboren en estos asuntos es «imprevisible». Cuando se les reclama entregar información a través de una comisión rogatoria, «a veces lo hacen, otras no y a veces tardan muchísimo», apuntan.

Dos testigos y tres investigados

Mientras prosigue la búsqueda de los mensajes del fiscal general, el magistrado tiene agendadas varias comparecencias como parte de la causa. Este martes a partir de las 10.00 horas declararán en calidad de testigos el jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y su homóloga en la Fiscalía General del Estado. Tras tomar testimonio a ambos, el juez interrogará a los tres investigados: Álvaro García Ortiz, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal Diego Villafañe.

 

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