El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una batería de doce medidas orientadas a mejorar el acceso a la vivienda, entre las que se incluyen bonificaciones fiscales del 100% del IRPF para los propietarios que alquilen su vivienda con el precio marcado por el índice de referencia del Ministerio de Vivienda, así como elevar la carga fiscal hasta doblar el precio de los inmuebles a los compradores extranjeros no residentes de fuera de la Unión Europea. El objetivo del Ejecutivo es ampliar el parque de vivienda, mejorar la regulación e incrementar las ayudas. «Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas», ha sintetizado Sánchez en la clausura de un foro monográfico sobre vivienda organizado por el departamento de Isabel Rodríguez un día después de que el PP anunciara su propia batería de medidas.

En particular, el paquete de medidas pone el foco en el mercado del alquiler, por ejemplo con exenciones en el IRPF a los propietarios que alquilen su vivienda guiándose por el índice de precios de referencia. Fuentes del Gobierno matizan que estas bonificaciones podrían llegar hasta el 100%, aunque todavía no están definidas ni su cuantía ni los requisitos para acogerse a ellas. El índice de precios de referencia hasta ahora solo funciona como límite en los lugares declarados como zonas tensionadas al amparo de la ley de vivienda. Sánchez ha aprovechado para defender una norma que ha calificado como «puntera» y con resultados «positivos» pese a su «demonización» por parte de los «amigos de la especulación».

Para que el cambio fiscal se convierta en una realidad tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados, donde Sánchez también se ha comprometido a proponer elevar el IVA de los pisos turísticos para que tributen «como lo que son: un negocio». Esta iniciativa pretende reducir la rentabilidad de los alquileres vacacionales y hacerlos menos atractivos para así intentar recuperar viviendas hacia el mercado del alquiler tradicional. «En una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas. Por tanto, el deber del Gobierno es priorizar el uso residencial», ha defendido Sánchez. En la misma línea, el Ejecutivo se ha comprometido a «endurecer» la regulación para luchar contra los alquileres de temporada fraudulentos y ha anunciado la creación de un fondo para ayudar a las comunidades y ayuntamientos a que refuercen las inspecciones.

En materia fiscal, el Gobierno también trabajará para que modificar las ventajas fiscales de las denominadas socimis -empresas cotizadas dedicadas a la inversión inmobiliaria-, de manera que se apliquen únicamente a la promoción de vivienda en alquiler asequible. «Hay que acabar con esa injusticia de que algunos inversores paguen los mismos impuestos que los ciudadanos de a pie al comprar una vivienda», ha defendido Sánchez. En cuanto al mercado de compraventa, el Gobierno pretende limitar las adquisiciones por parte de extranjeros de fuera de la UE que no sean residentes en España incrementando la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble.

Además, para ampliar el volumen de pisos disponibles para arrendar, el Ejecutivo pondrá en marcha un programa de rehabilitación de viviendas vacías con el objetivo de destinarlas después a alquiler a precio asequible durante al menos cinco años. Sánchez ha anunciado también un «sistema de garantías» para proteger tanto a los propietarios que alquilen sus viviendas a precios asequibles como a los inquilinos que las habiten. En concreto, el presidente del Gobierno ha explicado que el Estado será avalista para arrendatarios de menos de 35 años y ha señalado que España se enfrenta al reto de no convertirse en una «sociedad dividida» en «propietarios ricos» e «inquilinos pobres».

En la ampliación del parque de vivienda, también tendrá un papel destacado la nueva empresa pública de vivienda, fruto de la reconversión de SEPES. Sánchez ha anunciado se le dará a este organismo «prioridad» para comprar suelos y vivienda y que se garantizará que las casas construidas por el Estado mantengan indefinidamente su titularidad pública. Para avanzar hacia la creación de la empresa pública, el Ejecutivo transfirió a SEPES a finales de año 3.300 viviendas propiedad del Estado y cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial para levantar más pisos protegidos destinados al alquiler asequible. Además, el dirigente socialista ha anunciado que a lo largo de la primera mitad del año la nueva empresa pública de vivienda absorberá la bolsa de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb. De estos inmuebles, 13.000 serán incorporados «de forma inmediata».

Más allá de las viviendas que se pretenden impulsar desde el sector público, Sánchez ha recalcado la necesidad de fomentar la colaboración público-privada y ha anunciado un «novedoso» PERTE de viviendas para modernizar el sector de la construcción, apostando especialmente por la industrialización para levantar viviendas de forma «más ágil». Asimismo, el presidente del Gobierno ha recordado que una de las tareas pendientes es la reforma de la ley del suelo, en la que se ha comprometido a trabajar para reducir la burocracia, acelerar los procesos de construcción y ampliar la disponibilidad de suelo para la construcción de vivienda.

Sánchez ha destacado que estas medidas se suman a las ya puestas en marcha por el Gobierno desde 2018. En ese sentido, ha asegurado que los programas de ayudas impulsados por el Ejecutivo han beneficiado a 1,5 millones de personas y se ha comprometido a mantenerlos y aumentarlos en el próximo Plan Estatal de Vivienda que empezará a funcionar en 2026.El presidente del Gobierno ha defendido esta batería de propuestas frente a la estrategia del PP, que este finde semana anunció también un paquete de iniciativas para mejorar el acceso a la vivienda. Sánchez ha acusado a la formación de Alberto Núñez Feijóo de querer recuperar «la políticas del ‘pelotazo» que fomentaron que «los especuladores hicieran negocio». «Con el Gobierno socialista no empezó el problema de la vivienda, pero sí la convicción de solucionarlo», ha afirmado Sánchez, que ha reconocido que la situación es «crítica» y exige «más trabajo y más contundente» y ha asegurado que la solución al problema de la vivienda será «más rápida» si Gobierno y comunidades autónomas trabajan de la mano.