La reforma fiscal del Gobierno llegó al final de su tortuoso camino magullada y habiendo provocado serias heridas en la relación del Ejecutivo con sus socios, pero viva al fin y al cabo. El Congreso dio este jueves su aprobación definitiva a la entrada en vigor del paquete tributario, y lo hizo con los votos de todos los aliados del Ejecutivo, entre ellos Junts y PNV, además de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Eso sí: los soberanistas catalanes y vascos de derechas sumaron sus votos a PP y Vox para suprimir el actual gravamen a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, una medida con escaso impacto inmediato, pero que dificulta aún más al Gobierno cumplir la promesa que hizo a sus aliados de izquierdas de convertir este impuesto en definitivo.

La votación de este jueves pone punto y final a la accidentada tramitación de un paquete fiscal en el que los vetos y exigencias cruzadas de los socios de izquierdas y derechas del Gobierno llegaron a poner en riesgo incluso la propuesta original, la transposición obligatoria de una directiva europea para gravar con un tipo de al menos un 15% en el impuesto de sociedades a las empresas multinacionales en toda la UE. Finalmente esa medida, junto a todo el resto de las acordadas por el Ejecutivo y sus aliados, salieron adelante, aunque con el añadido de PP, Junts y PNV relativo al impuesto energético.

Este cambio de última hora con respecto a ese gravamen deja un sabor agridulce al Gobierno, dado que, en el trámite final, PNV y Junts han dado la espalda a Pedro Sánchez en un área tan sensible como el impuesto energético, y además lo han hecho apoyando un cambio introducido por el grupo principal de la oposición. A efectos prácticos, las consecuencias inmediatas de esa enmienda son muy escasas, puesto que el gravamen temporal que fue aprobado en 2022 ya estaba previsto que decayera el próximo 31 de diciembre.

No obstante, la aprobación de la enmienda conlleva otra consecuencia de mucha mayor importancia. Al suprimirse el artículo que da base legal al gravamen a las energéticas, dicha tasa ya no se podría prorrogar. Y extenderlo es, precisamente, lo que pactó el Ministerio de Hacienda con Podemos hace unas semanas como una medida temporal para tener margen para negociar con el resto de los socios el diseño de un impuesto a las energéticas que sea permanente.

Esas negociaciones van extremadamente mal, pero para cumplir su pacto con Podemos de alargar al menos durante un mes el tributo, Hacienda tendría que aprobar de nuevo antes de fin de año su creación desde cero. Y el problema es que existen dudas jurídicas sobre si es legal o no poner en marcha un gravamen vía real decreto. La ley no permite aprobar un impuesto a través de este instrumento de urgencia, y aunque un gravamen es, técnicamente, una figura diferente, la constitucionalidad de crearlo por decreto no está clara.

Un triunfo político para el PP

En cualquier caso, lo ocurrido hoy con el impuesto energético supone un éxito político para el PP, dado que contaban con que todos los cambios que habían introducido con su mayoría absoluta en el Senado serían levantados por la mayoría progresista en el Congreso. Si bien ha sido así con casi todas las propuestas, los populares han logrado que los postconvergentes y peneuvistas se alineen con ellos en el impuesto a las energéticas. «Objetivo conseguido», apuntó el vicesecretario popular, Juan Bravo, al término de la votación. Y es que asegura que con la ley «los españoles pagarán 6.500 millones de euros menos en impuestos», pues se aprueba la exención del IRPF para las ayudas a los afectados por la DANA y una rebaja del 10% al 4% en el IVA a los yogures, al tiempo que «se garantizan inversiones» por la eliminación del impuesto a las energéticas.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado estos cambios y el apoyo de Junts y PNV a algunas de sus propuestas. A su entender, se demuestra que hay «alternativa al infierno fiscal» del Gobierno de Pedro Sánchez «sin contrapartidas ni chantajes» y que «los votos del PP solo sirven a los españoles».

La ley aprobada este jueves sí incluye la prórroga durante todo el año 2025 del impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. En este asunto, Junts no ha puesto problemas y el PNV ha aceptado la extensión del gravamen a cambio de que el Gobierno ceda la gestión del tributo a las comunidades autónomas, lo cual le permitirá diluir su alcance en el País Vasco. Lo pactado, además, es que la recaudación obtenida por este gravamen se distribuya a las autonomías en función de su peso económico.

Asimismo, entre las medidas fiscales que incluye la ley aprobada este jueves se encuentran las rebajas progresivas de impuestos a pequeñas y medianas empresas, así como la subida impositiva a las rentas del capital, que crecerá dos puntos a partir de los 300.000 euros ganados a través de dividendos, rendimientos, acciones o similares. Los grupos, además, han pactado poner en marcha un nuevo impuesto especial para gravar los vapeadores y elevar la fiscalidad del tabaco, así como una bajada impositiva para los artistas con ingresos irregulares.