Podemos exige al Gobierno que coja el toro por los cuernos y utilice todo el poder del Estado ante la decisión de las comunidades autónomas, tanto las gobernadas por el PP como las que lidera el PSOE (a excepción de Cataluña), de no aplicar la regulación de precios del alquiler que pone a su disposición en la ley de vivienda. El pasado domingo, los morados hicieron público que pondrán como requisito para apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado una rebaja «por ley» del 40% del precio del alquiler. Y su propuesta, a la que ha accedido 20minutos, está basada en una interpretación legal novedosa: que la Constitución otorga al Gobierno central competencias para aplicar esa medida.
Esa lectura de la legislación es justamente la contraria de la que sostiene el PSOE, que asegura que solo las comunidades pueden establecer limitaciones en los alquileres. De hecho, la pasada legislatura los socialistas y Unidas Podemos negociaron y pusieron en marcha la ley de vivienda —que incluía el mecanismo de regulación de precios— basándose en esa premisa: que las competencias sobre vivienda pertenecen a las autonomías y, por ende, el Estado tan solo puede diseñar un marco general para aplicarlas. Fuentes moradas, no obstante, señalan que esa regulación permite rebajar precios precisamente porque es competencia estatal, y afirman que lo que es competencia exclusiva de las comunidades es determinar las zonas de mercado tensionado en las que hacerlo.
En cualquier caso, los morados defienden ahora que, como la Constitución otorga las competencias sobre «legislación básica sobre contratos» al Gobierno central, el Ejecutivo puede aprobar (y el Congreso convalidar) una bajada de los precios por ley. Y, en base a esa interpretación jurídica, la proposición de ley que plantearán al PSOE como condición para apoyar los Presupuestos de 2025 es muy sencilla y establece una bajada del 40% en la cuota de alquiler de todos los contratos que se prorroguen o renueven y también una rebaja de ese mismo porcentaje con respecto al contrato anterior en aquellos que se firmen con nuevos inquilinos.
Los servicios jurídicos de Podemos consideran que los contratos actualmente vigentes son intocables y, por tanto, las cuotas de esos alquileres no experimentarían automáticamente una rebaja del 40% si se aplicara la medida que plantean. Pero esa bajada sí se aplicaría en el momento de «las renovaciones o prórrogas», es decir, si el mismo casero firmara un nuevo contrato con el mismo inquilino en los mismos términos que el anterior o si ambos acordaran extender su acuerdo por un tiempo más.
La proposición de ley de Podemos también contempla el caso de los «contratos nuevos en una vivienda que anteriormente ya hubiera estado en régimen de alquiler en los últimos cinco años». En tales casos, lo que plantean los morados es que no pueda fijarse para un nuevo alquiler un precio cuya cuantía supere el 60% del que se cobraba en el último contrato. Por último, para los pisos que nunca hubieran estado arrendados y, por tanto, no hayan sido objeto de un contrato que tomar como referencia para rebajar el precio, la propuesta es que la rebaja del 40% deba aplicarse sobre la cuantía del alquiler mediano del municipio en el que se encuentre el inmueble, que figura en el índice de precios del Ministerio de Transportes.
Todas estas rebajas serían obligatorias, no necesitarían del aval de las comunidades autónomas para ponerse en marcha y se aplicarían a todos los contratos que cumplan las condiciones detalladas anteriormente. Las viviendas afectadas serían todas aquellas que se encuentren en alquiler y estén ubicadas o bien en municipios de más de 200.000 habitantes, o bien en localidades en las que el precio de los arrendamientos haya crecido un 35% o más entre 2015 y 2022, sea cual sea su población. Y, además, la iniciativa establece que la rebaja del 40% solo se haría una vez: si se firmase un segundo contrato tras haber bajado ya el precio un 40% en el anterior a causa de esta ley, no se acumularía un nuevo descuento.
Compras solo para primera o segunda residencia
La segunda de las iniciativas que Podemos presentará al Gobierno como condición para apoyar los próximos Presupuestos es más sencilla: se trata de prohibir la compra de vivienda para supuestos distintos del establecimiento de una residencia habitual o una segunda residencia. La idea es que tan solo las personas físicas puedan adquirir viviendas (las empresas lo tendrían prohibido) para que vivan en ellas o bien el propio comprador o bien un familiar de hasta segundo grado. Quedaría prohibido, en los cuatro años posteriores a la entrega de la vivienda, alquilarlas y también que permanezcan vacías, para así desincentivar la especulación.
A esta norma general se aplicarían un puñado de excepciones. La vivienda sí se podría poner en alquiler si el inquilino es familiar de hasta segundo grado, así como si es para utilizarla como oficina o local comercial. Además, si el dueño decide, antes de los cuatro años tasados, cambiar de domicilio habitual, la propuesta de Podemos permitiría tanto arrendar como vender la casa, aunque en este último caso el precio de venta no podría ser superior al de adquisición actualizado en función del IPC.
Podemos también apuesta por permitir a los ciudadanos adquirir una vivienda como segunda residencia. Esa condición, no obstante, debe estar «debidamente justificada», y la segunda residencia que se compre debe ubicarse en un municipio diferente al que el propietario tenga su residencia habitual, con la intención de evitar que esa cláusula se utilice de manera fraudulenta para esquivar la prohibición de destinar las viviendas compradas únicamente a residir en ellas.