El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado de sus vacaciones en la isla de Lanzarote para afrontar una vuelta a la actividad con multitud de frentes abiertos. La crisis migratoria y la financiación de Cataluña, pero también la investigación judicial a su mujer, Begoña Gómez, la situación de Venezuela tras la discutida victoria de Nicolás Maduro, el incesante tira y afloja con ERC y Junts —huida de Puigdemont incluida— o el caos ferroviario de este verano son los temas más relevantes que tendrá que abordar de inmediato.

Tras la huida del prófugo de la justicia Carles Puigdemont, el pacto del PSC y ERC y las miles de llegadas de migrantes a España en las últimas semanas, parece acumularse el trabajo para Sánchez, que comenzará su cargada agenda con un Consejo de Ministros este martes. Unas horas después, Sánchez partirá hacia la República Islámica de Mauritania, donde apenas estará un día, para viajar después a la República de Gambia y, por último, a la República de Senegal, de donde regresará el jueves.

Urgencia migratoria

El viaje tendrá entre sus prioridades la colaboración migratoria en un momento en el que la ruta canaria se mantiene abierta en canal con 22.304 personas migrantes llegadas en situación irregular al archipiélago este año, entre el 1 de enero y el 15 de agosto, según los datos del informe de inmigración irregular del Ministerio de Interior. Esta cifra supone un incremento de 12.440 individuos más que en el mismo periodo de 2023 y representa un aumento porcentual del 126,1%.

Sánchez también deberá abordar a su vuelta la cuestión migratoria con el resto de formaciones políticas. Gobierno y comunidades autónomas no han parado durante los meses estivales de negociar respecto a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, cuya admisión a trámite tumbaron el pasado 23 de julio PP, Junts y Vox.

Entre los principales escollos se encuentra la pretensión de automatizar por ley el reparto de menores migrantes no acompañados, con el consiguiente establecimiento de una cuota obligatoria para los distintos territorios cuando los servicios de acogida de alguno de ellos esté saturado. También se encuentra la cuestión económica, ya que los presidentes de las comunidades autónomas del PP exigen más financiación ante el incremento en el número de migrantes que les corresponde para su «correcta atención», destacan.

Cupo catalán

La autonomía fiscal de Cataluña, pactada entre el PSC y ERC dentro del acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa, abre también otro frente político para Sánchez. Por lo pronto, la decisión ya ha abierto grietas internas entre algunos barones socialistas, como el asturiano Adrián Barbón, el castellanomanchego Emiliano García-Page o el dirigente aragonés Javier Lambán.

A las críticas en el PSOE se han sumado también las del PP y sus presidentes autonómicos, que ya han sido convocados el próximo 6 de septiembre en Madrid para coordinar su respuesta conjunta contra la autonomía fiscal de Cataluña y tratar de «impedir la desigualdad ante la sanidad, la educación y los servicios públicos en España», ha denunciado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El acuerdo con ERC para la financiación de Cataluña tampoco ha estado exento de polémica con los independentistas. Las recientes declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre que el pacto no es un concierto económico levantó ampollas entre los republicanos, que amenazaron con retirar sus apoyos de gobierno a los socialistas si se incumplía dicho acuerdo. Junts, por su parte, no termina de fiarse del Ejecutivo y ha solicitado las comparecencias en el Congreso de Montero y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para que informen de la propuesta «exacta».

Negociación de los Presupuestos

Después de que los Presupuestos Generales del Estado de 2024 tuviesen que ser prorrogados al no lograr una mayoría parlamentaria, el reto económico de Sánchez para 2025 es conseguir negociar unas cuentas que puedan salir adelante con el apoyo de la mayoría del Congreso. Por lo pronto, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, manifestó la pasada semana que tiene muy avanzado el «esqueleto» de los presupuestos y ha avanzado que en septiembre empezará los contactos con los grupos «de todo el espectro político» que manifiesten disposición a negociar las cuentas, en los que no ha incluido al PP.

La número dos del Ejecutivo resaltó en declaraciones a los periodistas que España crece el doble que los países de su entorno y el año pasado lo hizo «cinco veces más», por lo que ha sostenido que «la economía va muy bien». «Estaría muy bien que eso se pudiera plasmar en unos nuevos presupuestos generales que no benefician al Gobierno, benefician a la ciudadanía, porque luego se piden recursos para políticas públicas sin que se hayan aprobado los presupuestos del Estado y eso no es posible poder formularlo», argumentó.

En las negociaciones para los presupuestos de 2025 será también imprescindible el respaldo de Junts y, en última instancia, de Puigdemont, líder de la formación independentista que ya ha demostrado que es capaz de endurecer el pulso al Ejecutivo de Sánchez. El caso más reciente y que más críticas ha costado al propio presidente del Gobierno ha sido este verano con su visita fugaz a Barcelona y posterior huida, dejando en evidencia al Ejecutivo y a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Caso Begoña Gómez

Al frente político, económico o territorial, Sánchez suma también uno personal: la causa contra Begoña Gómez, su esposa, por la presunta comisión de delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. A pesar de que agosto es inhábil para la Administración de la Justicia y de que la mayoría de jueces, abogados y funcionarios están de vacaciones, el juez Juan Carlos Peinado ha mantenido viva la instrucción y este lunes tomará declaración a cuatro testigos.

El Partido Popular pretende llegar al final de este asunto, algo que no ha causado sorpresa, y llevar al líder del PSOE a la comisión de investigación del Senado que trata el caso para que este exponga sus conocimientos sobre el presunto delito que habría cometido Gómez. La última vez que el presidente fue llamado a declarar sobre su mujer, este decidió acogerse a su derecho y no acudir, tomando la misma postura que tomó Begoña Gómez «por recomendación de su abogado».

Venezuela

La cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela es otro de los asuntos del plano internacional que Sánchez deberá tratar.

A pesar de que el Ejecutivo no ha reconocido a Maduro como ganador —en consonancia con la UE y muchos países americanos—, Sánchez no se ha manifestado públicamente al respecto, lo que le ha valido duras críticas de la oposición. En este sentido, la Diputación Permanente debatirá este martes, a petición del PP, la comparecencia urgente en un pleno del Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que informe sobre su postura y la del Ejecutivo sobre la crisis venezolana tras los pasados comicios.

El PP, a su vez, también ha pedido la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para «dar cuenta de la inacción y falta de condena al régimen de Nicolás Maduro por la falta de garantías y transparencia, así como por la manipulación en el proceso electoral». Asimismo, solicita que exponga «las iniciativas que va a impulsar el Gobierno de España en la Unión Europea para garantizar que la voluntad de los venezolanos manifestada en las urnas sea respetada».

Caos ferroviario

Durante estos meses de verano han sido múltiples las incidencias acumuladas en el ámbito ferroviario en España, que han tenido como epicentro —en su mayoría— la estación madrileña de Chamartín, actualmente en obras. Sobre este problema se pronunció la pasada semana en el Senado el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien admitió que este verano estaba siendo complicado en la operativa ferroviaria y pidió disculpas a los usuarios. Acto seguido, Puente indicó que «el tren vive en España el mejor momento de su historia con récord tras récord de viajeros que han cambiado sus hábitos de movilidad para utilizar el tren en sus desplazamientos. ¿Significa que no hay problemas que resolver? No, los hay (…) el sistema tiene carencias, algunas importantes, pero nunca ha habido un servicio ferroviario como el que se presta ahora y lo digo para defender la gestión de quienes han hecho que el tren sea un medio de transporte tan utilizado en nuestro país».

Las palabras de Puente, hombre fuerte de Pedro Sánchez en el Gobierno, no hicieron sino enfadar al PP, que ha considerado sus explicaciones «un insulto a las decenas de miles de españoles que han padecido este verano el caos» ferroviario.

La presión de los populares ha llegado al punto de que su portavoz, Borja Sémper, le ha pedido «encarecidamente» a Sánchez «que nombre ya un ministro de Fomento«.