Fue la primera ley que aprobó el Consejo de Ministros en esta legislatura y la última en recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados antes del verano. Todos los grupos, salvo PP y Vox, dieron luz verde en julio a la ley de paridad impulsada por el Ministerio de Igualdad con el objetivo de derribar los obstáculos en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

La norma, que quedó varada en la anterior legislatura por la convocatoria de elecciones anticipadas, exige una representación paritaria de hombres y mujeres en determinados ámbitos y órganos de poder del ámbito político y económico.

Con listas cremalleras, mínimos de representación en el espacio público-privado, y una reforma introducida a última hora, que nada tiene que ver con la ley, y que quita al Senado la capacidad de bloquear el techo de gasto, la norma entrará en vigor este jueves, en plena polémica por un «error técnico» que deja desprotegidos a los trabajadores que modifiquen su jornada laboral para poder conciliar. Ahora bien, ¿cuáles son los cambios que recoge el texto?

Listas cremallera

La ley actúa en varios ámbitos. En el público, por ejemplo, impone las llamadas listas cremallera en todas las elecciones que se celebren en España, y que serán supervisadas por la Junta Electoral, lo que se traduce en que las listas electorales, además de paritarias, se tengan que constituir con candidatos de uno y otro sexo ordenados de manera alternativa. Pese a que hay algunos partidos políticos que ya contemplan esta metodología en sus listas electorales, esta es una medida que aspira a garantizar que las mujeres alcancen puestos de representación en lo alto de las candidaturas.

En ocasiones, las formaciones integran en sus equipos a mujeres para cumplir las cuotas, pero acaban relegadas a los últimos puestos, siendo despojadas así de la posibilidad de ser elegidas en los comicios.

De este modo, las listas cremallera que impone la nueva ley de paridad se exigirán tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas, generales y europeas. Aunque quedarán fuera de esa norma los municipios y localidades de 3.000 o menos habitantes, a los que, sin embargo, sí se les exigirá «que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%, en cada candidatura».

Paridad a favor de las mujeres

También en el espacio público, la ley recoge el «principio de presencia equilibrada», que inicialmente imponía una representación del 60-40% en todos los órganos de la administración pública, así como en el espacio público-privado de las sociedades de interés público o los consejos de los colegios profesionales.

No obstante, un cambio pactado entre Podemos y PSOE durante la tramitación parlamentaria rompió esa paridad en favor de las mujeres. Así, mientras los hombres no podrán representar más del 60% en los puestos de poder de los órganos públicos o en las direcciones de las empresas cotizadas del sector privada; para las mujeres no habrá límite, por lo que podrán llegar a ser hasta un 100%, por ejemplo, en el Gobierno, empresas cotizadas y órganos como el Tribunal Constitucional (TC), y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siempre y cuando se justifique.

Mecanismos «correctores» para las investigadoras

Otro de los cambios introducidos en el trabajo de la Comisión de Igualdad a través de una enmienda del BNG prevé la aplicación de «mecanismos correctores» en el ámbito de la ciencia y la investigación «por que el tiempo por cuidado de hijas e hijos no suponga una discriminación en los procesos de evaluación». Así, la norma prevé computar como «tiempo de inactividad investigadora», como mínimo, «el tiempo disfrutado de permiso de maternidad, paternidad, guardia con fines de adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo y/o lactancia e incapacidad temporal asociada al embarazo o por razones de violencia de género o cualquier tipo de acoso».

Protocolos y más derechos en el deporte

El documento al que dio luz verde la Cámara Baja este verano modifica también la ley del deporte para obligar a las federaciones y liygas profesionales a que cuenten con protocolos de prevención del acoso sexual y que lo reconozcan como una infracción muy grave. Incluyen igualmente medidas que mejoran la conciliación de las deportistas de élite, como la prórroga de un año de los contratos cuando las mujeres estén embarazadas o en pleno proceso de adopción.

¿Cuándo tendrá que cumplirse?

La norma se aplicará a las empresas del sector privado en función de su volumen de cotización. Las compañías del Ibex, por ejemplo, tendrán que adaptarse a la ley antes del 30 de junio de 2026; mientras el resto de empresas cotizadas de menor volumen de negocio tendrán que hacerlo en 2027; y los sindicatos y las asociaciones empresariales tendrán también de margen hasta 2028. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la encargada de velar por el cumplimiento de este principio de representación paritaria.

Eliminar el veto del Senado

Uno de los puntos más polémicos durante la tramitación, y el motivo por el cual la ley no ha conseguido el consenso esperado, es la introducción de una enmienda, pactada entre Sumar y PSOE, para quitar al Senado su capacidad de veto al techo de gasto y que se ha introducido en el articulado de la normativa. Ello supone eliminar también la capacidad de veto para la senda de estabilidad presupuestaria, pues la Cámara Alta no tiene la capacidad para bloquear de manera definitiva ninguna otra iniciativa salvo esta.