La reforma del mercado de la electricidad de la UE, que busca impulsar la generación con energías renovables y dar estabilidad a los precios con contratos mayoristas a largo plazo, llega este martes a una cita clave con el principal escollo todavía sin resolver. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, presidirá su primer Consejo de ministros de Energía que tratará  una cuestión que es prioritaria para la Presidencia española de la UE sin haber logrado hasta el momento dar con una solución que satisfaga a Francia y Alemania, los dos países que bloquean el pacto entre los Veintisiete.

El Consejo de Energía de este martes es la primera reunión de este tipo desde que a finales de junio República Checa, el país que antecedió a España en la Presidencia semestral de la UE, terminó sin haber podido cerrar un pacto, que ya dificultaban la exigencia francesa de que sus centrales nucleares también puedan beneficiarse del esquema de ayudas que la reforma prevé para las nuevas instalaciones renovables y la demanda alemana para poder destinar también a sus industrias los eventuales beneficios de un nuevo sistema para las subastas estatales de energía.

Llegado julio, la reforma eléctrica cayó en manos de Ribera en tanto que presidenta de turno del Consejo de Energía. Asumió el encargo sin descartar incluso convocar una reunión extraordinaria antes de esta de octubre para cerrar un acuerdo entre los Veintisiete. No solo no ha sido posible, sino que los ministros llegan a la primera de las dos citas formales -habrá otro Consejo de Energía más en diciembre- sin acuerdo sobre una reforma que se considera clave para que no vuelva a producirse la crisis de precios de la electricidad del año pasado y que será cada vez más complicado cerrar a medida que se acerquen las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024.

Eliminar los obstáculos

Desde que preside el Consejo de Energía, Ribera ha hecho circular por las capitales hasta tres propuestas de compromiso que no han sido suficientes para Alemania y Francia. La última, hace apenas un par de semanas, intentaba desbloquear la situación eliminando directamente los dos puntos de fricción entre París y Berlín. En lugar que de que el nuevo mercado eléctrico fije las reglas de qué tecnologías pueden recibir ayudas y cuál puede ser el destino de los eventuales beneficios por la fijación de precio de las subastas estatales, la vicepresidenta proponía eliminarlas del texto y que sea la Comisión Europea evalúe lo que en estas cuestiones hagan Francia y Alemania -y el resto de Estados miembros- a la luz de la regulación de ayudas de Estado.

Ribera buscaba así «desbloquear» el acuerdo, el veto mutuo entre Francia y Alemania, pero ni siquiera una solución tan salomónica fue suficiente para que el viernes pasado los embajadores de los Veintisiete ante la UE consiguieran llegar a un acuerdo. Según indicaron fuentes diplomáticas, el acuerdo quedó a expensas de la reunión de este martes, cuando hace unos días Ribera auguró «un debate rico y desafiante que confiemos que se resuelva bien«. «Estamos trabajando para poder lograr un acuerdo el próximo martes en Luxemburgo», dijo hace una semana sobre la reunión de este martes. «Existen posiciones diferentes en Alemania y Francia, porque cuentan con un mix [energético] diferente, pero nuestro objetivo es que haya una posición consensuada, que no haya ganadores ni perdedores«.

El Parlamento Europeo también está expectante sobre lo que ocurrirá en el Consejo de Energía. La Eurocámara cerró su mandato negociador en septiembre y ahora espera que los gobiernos hagan lo propio para iniciar la negociación definitiva. Si hay acuerdo, quiere que empiece esta misma semana, el 19 de octubre.

Cuestión bilateral

Frente a estas prisas, París y Berlín tienen distintos ritmos en una cuestión que, a pesar de los esfuerzos de Ribera y de que debe contar con el visto bueno de los otros 25 países de la UE, ya se ha convertido en una cuestión de la agenda bilateral de ambos países, que después de meses de enfrentamiento explorarán un acuerdo con un plazo que va más allá de este 17 de octubre.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, acordaron la semana pasada en una cumbre en Hamburgo poner a trabajar a sus ministros y sus equipos para «tratar de concluir de aquí a finales de mes un acuerdo necesario» sobre el mercado eléctrico. Por otra parte, la ministra francesa de Transición Ecológica, Agnés Pannier-Runacher, volverá a hacer presión en favor de la energía nuclear con una nueva convocatoria, este mismo martes y en los márgenes del Consejo de Energía, de la alianza creada por Francia entre países a favor de esta tecnología, a la que se ha ido sumando una quincena de Estados miembros.

Los obstáculos que las reivindicaciones de Francia y Alemania han ralentizado el ritmo de una reforma, la del mercado de la electricidad, que estaba siendo un ejemplo de rapidez dentro de los ritmos de la UE. Tras la crisis energética que disparó el precio de la electricidad el año pasado, la Comisión Europea presentó una propuesta de «revisión» en marzo pasado, que ya desde el nombre rebajaba las expectativas que países como España sobre el alcance de la reforma pero daba pistoletazo de salida a unas negociaciones en las que, como otros países, el Gobierno ya se ha ido olvidando de algunas de sus principales reivindicaciones.

Renuncias españolas

La principal, su intención de que el resultado fuera un mercado de la electricidad mucho más regulado, que realmente desacoplara el precio de gas de la electricidad y crease un doble mercado para priorizar la generación eléctrica con energías renovables, de modo que el gas o la nuclear quedaran simplemente como tecnologías de «capacidades», es decir, para suplir en ausencia de las primeras. Para ello, España ha insistido en que de la reforma tiene que derivar un impulso en inversión decidido en el almacenamiento de electricidad que generan tecnologías que no están siempre disponibles, porque dependen del aire (eólico) o del sol (fotovoltaica).

A la espera de conocer qué acuerda la UE finalmente, el impulso al almacenamiento aparece como la principal apuesta de España con posibilidades de tener éxito en la reforma, después de que ya tuvo que olvidarse de otras reivindicaciones, como mantener el tope de 180 euros Mwh a los beneficios ‘caídos del cielo’ o que el gas dejara de marcar el precio. El tope de 180 euros tampoco aparece en el mandato de negociación del Parlamento Europeo, que su negociación con los gobiernos defenderá que queden prohibidos los cortes de luz a consumidores vulnerables y que la Comisión explore antes de junio de 2024 -de las elecciones europeas y el fin de su mandato- las opciones para «establecer un mecanismo de válvula de alivio temporal» si el precio de la luz vuelve a desbocarse, como ocurrió el año pasado.

Ya en la propuesta que abrió la negociación, Bruselas se decantó en marzo por favorecer los contratos a largo plazo, pero no mediante subastas estatales, sino desarrollando los acuerdos privados de energía (los denominados PPA) entre productores y grandes consumidores y distribuidores. Esto no quiere decir que dejen de existir las subastas (denominadas Contratos por Diferencias o CfD, por sus siglas inglés), para las que la Comisión proponía un nuevo sistema de fijación de precios. No se ofrecerá a los productores una cifra fija por Mwh durante periodos del orden de 10 o 12 años, sino una horquilla, de la que podrían derivar beneficios si el precio del mercado finalmente estaba por debajo del pactado.

Es de aquí de donde se derivan los obstáculos que plantean Francia Alemania. Por un parte, porque la reforma contempla que haya ayudas públicas para incentivar las nuevas instalaciones de generación eléctrica, con la mente puesta en las renovables. Francia exige que las nuevas inversiones para ampliar la generación nuclear también tengan apoyo económico, algo a lo que se opone Alemania, mucho más enfocada a las renovables y que ve en las pretensiones francesas una forma de incentivar un tipo de energía que ya de por sí es barata y que puede provocar una ventaja competitiva para sus empresas.

Esta misma reticencia se aplica a la pretensión de Berlín de que los eventuales beneficios que podrían generarse de la horquilla de precios que consagran los CfD puedan repartirse también entre su industria. Tal y como defendía España y otros países, la Comisión pretendía redistribuir estos eventuales beneficios redundaran entre los consumidores, para que vean reducidas sus facturas. Pero, para contentar a otros como Alemania, ya se acepta la «flexibilidad» en el destino de estos recursos económicos. Es aquí donde Berlín quiere que también puedan llegar a su industria, algo que, de nuevo, podría ser competencia desleal con respecto a otros países.

En ambos casos -las ayudas a las instalaciones nucleares y la redistribución de beneficios- es en los que Ribera ha decidido hacer manga ancha –que cada país haga lo que considere oportuno y que después sea la Comisión la que determine si es lícito o no– en aras del acuerdo que, como presidenta del Consejo, Ribera buscará por primera vez cara a cara con el resto de ministros de Energía de la UE.