La jueza de distrito de EE.UU., Tanya Chutkan, marcó este viernes la pauta sobre cómo presidirá el caso de subversión electoral contra Donald Trump, durante una audiencia que se centró en los límites a la manera en que el expresidente puede manejar las pruebas que le entregarán los fiscales.

En ese sentido, dictó una orden de protección que le prohíbe a Trump revelar públicamente «información sensible», incluidas entrevistas a testigos, que los investigadores del fiscal especial entregaron a su equipo legal.

Chutkan empezó la audiencia, que tuvo lugar en su sala de audiencias en la sede del tribunal federal de Washington, señalando que, si bien los derechos de Trump como acusado penal estarían protegidos, su derecho a la libertad de expresión según la Primera Enmienda «no es absoluto».

«En un caso penal como este, la libertad de expresión del acusado está sujeta a las normas», dijo.

La audiencia cerró con la promesa de que el caso avanzaría como cualquier procedimiento normal en el sistema de justicia penal, pero Chutkan advirtió que cuantas más declaraciones «incendiarias» hiciera una de las partes, más rápido tendría que avanzar hacia el juicio para preservar la imparcialidad del jurado.

«Es un principio básico del proceso judicial en este país», dijo, al tiempo que citaba precedentes, «que los juicios legales no son como las elecciones, que se ganan mediante el uso de la sala de reuniones, la radio y el periódico».

«Este caso no es una excepción», afirmó.

A lo largo del proceso, expresó cierto escepticismo ante los argumentos esgrimidos por la oficina del fiscal especial Jack Smith, poniéndose del lado de Trump en al menos algunos asuntos relacionados con la orden de protección sobre las pruebas que se discutieron este viernes. En relación con una presentación del gobierno que se negó a permitir que se archivara bajo sello, también hizo hincapié en la necesidad de transparencia pública en el expediente.

Chutkan ya demostró su costumbre de responder rápida y escuetamente en el sumario a los debates entre las partes sobre la programación. Chutkan, nombrada por Obama y ex abogada de oficio que ha supervisado varios casos relacionados con los sucesos del 6 de enero de 2021, ha hablado abiertamente del daño que el ataque al Capitolio causó a la democracia estadounidense.

La semana pasada, Trump se declaró inocente de cuatro cargos penales relacionados con su intento de anular las elecciones presidenciales de 2020, y el juez advirtió a los abogados del exmandatario, que no asistieron a la audiencia, sobre cualquier declaración pública de su cliente que pudiera intimidar a los testigos.

Independientemente de si las declaraciones públicas de Trump están cubiertas por la orden de protección, dijo, si dan lugar a la intimidación de un testigo o a la obstrucción de la justicia, «voy a estar escudriñándolas muy cuidadosamente».

El abogado de Trump, John Lauro, dijo: «El presidente Trump cumplirá escrupulosamente sus condiciones de libertad».

Más tarde, Chutkan dijo que «incluso una declaración ambigua de cualquiera de las partes o del abogado… puede amenazar el proceso».

Chutkan adoptó restricciones propuestas por los fiscales que prohibirían a Trump revelar públicamente información de transcripciones de entrevistas y grabaciones de la investigación, incluidas las de entrevistas de testigos con investigadores que tuvieron lugar fuera del jurado investigador. También rechazó las peticiones de Trump de que se incluyera un lenguaje más amplio en la orden que permitiera a las personas no empleadas directamente en el equipo de defensa, incluidos los voluntarios, acceder a la revelación de pruebas.

Sin embargo, estuvo de acuerdo con Trump en que el alcance de las pruebas que cubrirían las restricciones debería ser más limitado que lo que proponen los fiscales.

Es probable que la forma en que Chutkan lleve el caso sirva de contraste con la jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump en Florida, que no ha tenido tanta prisa por hacer avanzar los procedimientos en el caso de los documentos clasificados contra el expresidente. La actuación de Cannon ya ha sido fuertemente analizada por críticos que dicen que le dio un trato favorable al expresidente en una demanda previa que Trump presentó el año pasado, cuestionando aspectos de la investigación del Departamento de Justicia.

Política y defensa penal

Chutkan y Lauro tuvieron varios intercambios punzantes acerca de lo que se le debería permitir decir al aspirante presidencial de 2024 sobre las pruebas que se le entreguen en el caso.

«Nadie está en desacuerdo en que cualquier discurso que intimide a un testigo estaría prohibido, de lo que estamos hablando es del uso justo de la información», dijo Lauro en un momento dado, planteando la hipótesis de que Trump comente públicamente algo de su memoria personal, que también es una prueba en el caso.

«El hecho de que esté dirigiendo una campaña política actualmente tiene que ceder ante la administración de justicia», dijo el juez. «Y si eso significa que no puede decir exactamente lo que quiere decir en un discurso político, así es como tendrá que ser».

Lauro planteó la hipótesis de que Trump haga una declaración mientras debate con su exvicepresidente Mike Pence, quien ahora también aspira a la Casa Blanca y es un testigo clave en la causa penal, que podría solaparse con lo que hay en la proposición de prueba.

La jueza no pareció convencida.

«Es un acusado penal. Va a tener las mismas restricciones que cualquier acusado. Este caso va a proceder en un orden normal», dijo Chutkan.

«Está usted confundiendo lo que su cliente tiene que hacer para defenderse y lo que quiere hacer políticamente», le dijo. «Y lo que su cliente haga para defenderse tiene que ocurrir en esta sala, no en Internet».

El fiscal especial dijo en las presentaciones judiciales del jueves que quiere que el juicio comience el 2 de enero de 2024, una fecha que Trump rechazó en una publicación en las redes sociales.

¿Qué incluye la orden de protección?

La orden que Chutkan dictó le prohíbe a Donald Trump revelar públicamente «información sensible», incluidas entrevistas a testigos, que los investigadores del fiscal especial entregaron a su equipo legal en el caso de interferencia en las elecciones de 2020.

Si bien Chutkan rechazó una orden de protección más amplia solicitada por los fiscales que querían bloquear todas las pruebas entregadas en el descubrimiento, sí restringió cómo Trump y su equipo legal pueden manejar y compartir públicamente información sensible.

Su orden define la información sensible como secretos del jurado investigador, incluida la información citada y el testimonio de testigos; transcripciones y grabaciones de entrevistas a testigos realizadas por investigadores ajenos al jurado investigador; pruebas obtenidas mediante registros aprobados por el tribunal y órdenes selladas relacionadas con la investigación. Las pruebas que Trump no puede compartir públicamente también incluyen material de otras agencias gubernamentales, como el Servicio Secreto.

Los fiscales dicen que la información sensible representa una gran cantidad de las pruebas que han recopilado.

La orden también especifica que, aunque Trump puede revisar las pruebas sin ir acompañado de un abogado y tomar notas sobre ellas, no puede poner en esas notas ningún dato de identificación de carácter específicamente personal y no puede realizar fotos, copias o grabaciones de las pruebas.